Quito, 15 may (EFE).- Familiares de víctimas de violencia sexual por parte de un supuesto entrenador y dueño de un gimnasio de Quito, la capital de Ecuador, se concentraron este jueves en los exteriores del Complejo Judicial Norte para pedir una condena “firme y ejemplar” contra el acusado, que permita hacer justicia para las sobrevivientes.
Los hechos se remontan a hace 30 años, en el Gimnasio Club Ecuador, cuando algunas de las víctimas tenían menos de ocho años, pero solo hasta 2019 varias de ellas se encontraron y decidieron denunciar al exentrenador Alcides Patiño por presunto abuso sexual y violación.
El proceso inició formalmente en 2020 por el caso de una joven llamada Karen, pues eran los únicos hechos que no estaban prescritos, y este jueves se desarrolla la audiencia de juicio con la que las familias, acompañadas por la organización feminista Surkuna, esperan que se marque un precedente tras “años de impunidad”.
Durante estos años han comparecido por este caso otras doce sobrevivientes, según datos de Surkuna, y la Junta de Protección de Derechos de Quito exigió el cierre del gimnasio.
Sofía Torres, hermana de una de las víctimas e integrante de la campaña ‘Seremos las últimas’, dijo a EFE que este juicio no solo busca una condena ejemplar por violación, sino también una reparación simbólica para otras mujeres cuyos casos no pueden ser juzgados debido al tiempo transcurrido desde las agresiones denunciadas.
“Estamos esperando que esta sea la última audiencia para ya poder dar paso a la sentencia. Es todavía una primera etapa, pero confiamos y apelamos a los jueces para que permitan que este caso represente una forma de justicia para las distintas sobrevivientes”, señaló.
Torres explicó que su hermana y otras dos jóvenes se encontraron a través de un grupo de la red social Facebook donde su pariente había compartido su testimonio. Una de ellas se reconoció en ese escrito y desde entonces empezaron a buscar a otras víctimas.
Un proceso judicial lleno de aplazamientos
La mujer señaló que el proceso ha sufrido múltiples aplazamientos, lo que consideró “una táctica común” que se usa en estos casos para “desgastar a las víctimas”. Esto, dijo, sin contar con las interrupciones que hubo por la pandemia de la covid-19.
“Desde el inicio sabíamos que sería un proceso largo, desgastante y revictimizante. Intentamos acompañar y reducir eso lo máximo posible, pero ha sido muy complejo”, agregó.
Los familiares de las víctimas también señalaron que el proceso judicial les ha permitido darse cuenta de que en Ecuador no hay una normativa clara que regule los espacios extracurriculares en los que participan niños, niñas y adolescentes, ya que hasta ahora no existe una entidad que asuma con claridad la responsabilidad de lo que sucede en estos entornos.
Según Torres, en varias ocasiones las familias intentaron activar mecanismos administrativos sin éxito, debido a que el Ministerio de Educación y el de Deporte y el Municipio de Quito se declararon incompetentes o sin jurisdicción.
“Al ser gimnasia no sabían si correspondía al Ministerio de Educación, al Ministerio del Deporte o al Municipio. Como nadie tiene clara esa responsabilidad, no hay forma de controlar estos espacios”, insistió.
Desde Surkuna aseguraron que pese a que tras la consulta popular de 2018 en la que se aprobó que los delitos sexuales contra menores ya no prescriben en Ecuador, muchas personas siguen buscando mecanismos para obtener justicia y reparación ya que la norma no se aplica para los casos que ocurrieron en el pasado.
Por eso la organización intenta, por medio de la campaña ‘Seremos las últimas’, visibilizar esta lucha, exigir justicia y garantías de no repetición, y demandar al Estado políticas públicas claras para asegurar entornos seguros para la niñez en ámbitos educativos, culturales y deportivos.
