Bruselas, 26 jun (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía es «una vergüenza» para cualquier demócrata ya que su promulgación fue «un ejercicio de corrupción política».
«Lo que se ha venido es a validar la autoamnistía, que ha sido la moneda de cambio que ha entregado el señor Sánchez para ser presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones generales», ha apuntado en una rueda de prensa en Bruselas.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este jueves, con los seis votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, la constitucionalidad de la ley de amnistía.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías ha aprobado, tras cuatro días de deliberaciones, una sentencia que rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la norma y que descarta, al mismo tiempo, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Feijóo ha afirmado que, diga lo que diga un TC «dividido», es «una vergüenza para cualquier demócrata» y ha recordado que la sentencia ha llegado antes de que se escuche al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ha sido activado por el Tribunal Supremo.
Además, ha señalado, la ley con la que se «compró» la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la negoció el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que está imputado por corrupción por el Tribunal Supremo, ha recordado.
Hay «pocas dudas», por tanto, de que es «inmoral» y de que es «doblemente una transacción corrupta» porque el que transacciona la ley de amnistía entre el Partido Socialista y Junts es «una persona presuntamente corrupta» que sigue las instrucciones de Sánchez.
La sentencia defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es «jurídicamente indiferente».
Considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón y coherente con una política tendente a paliar los efectos del ‘procés’ y «a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones» impuestas, que favorezca una «mejora de la convivencia y de la cohesión social» en Cataluña.
Ahora bien, la resolución no afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al exvicepresidente Oriol Junqueras ni al resto de líderes independentistas, a quienes el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.
