Guayaquil (Ecuador), 28 abr (EFE).- Organizaciones feministas de Ecuador solicitaron de nuevo este lunes a la Corte Constitucional que despenalice totalmente el aborto, cuando se cumplen cuatro años desde que este mismo tribunal legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.
Representantes de la Coalición Nacional de Mujeres y de grupos aliados llegaron hasta la sede de la Corte, en Quito, para formalizar un nuevo pedido de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del código penal, que sanciona con entre seis meses y dos años de cárcel a la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo practique y de entre uno a tres años a la persona que le ayude a abortar con su consentimiento.
“Las mujeres en este país estamos viendo, y lo hemos visto y dicho en otros países de América Latina, que no es suficiente (el aborto por violación). Nuestra libertad reproductiva no es completa. Entonces le pedimos que en el corto plazo resuelva la demanda de inconstitucionalidad y que despenalice el aborto totalmente”, dijo la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre.
“Ojalá las mujeres podamos ser libres y ejercer nuestra libertad sexual y reproductiva, en este caso específico: decidir sobre nuestro cuerpo”, agregó.
En Ecuador, la interrupción del embarazo solo es legal cuando se practica para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y, desde 2021, cuando la gestación fue producto de una violación. Sin embargo, en este último caso, las víctimas de violencia sexual solo pueden acceder al procedimiento hasta las 12 semanas.
Decisión sobre artículos suspendidos
Además del pedido de despenalización total, las organizaciones también solicitaron a los jueces que declaren la inconstitucionalidad de varios artículos de la normativa que regula el aborto por violación que están suspendidos temporalmente, pero que, a criterio de las organizaciones, deben ser “expulsados del ordenamiento jurídico del país”.
Estos artículos, que aseguran los grupos fueron incluidos por el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) en un veto que hizo a la ley aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), están relacionados con la autonomía de las niñas y adolescentes y las autorizaciones de sus representantes legales para acceder a un aborto y con los requisitos para acceder al procedimiento.
Tras la aprobación de esa ley, las organizaciones interpusieron varias demandas de inconstitucionalidad y la Corte suspendió temporalmente los artículos, pero ahora piden que esa decisión quede en firme.
“Si no fueran por estas medidas cautelares, las niñas, las adolescentes y las mujeres violadas no pudieran acceder a un aborto en caso de violación. Por eso queremos que se resuelvan esas medidas porque todavía es difícil y hay obstáculos para ejercer el derecho al aborto en estos casos”, señaló Gómez de la Torre.
“Condiciones regresivas”
La abogada Annabell Guerrero señaló que estos requisitos “constituyen condiciones regresivas que son insostenibles y que no pueden ser llevados adelante por las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de un delito horroroso”.
“En estos momentos, por la vigencia de la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, no debería seguirse penalizando el aborto. Sin embargo, conocemos de casos en donde lamentablemente la Justicia sigue actuando en contra de las víctimas”, mencionó.
Por su parte, Zoila Menéndez, integrante de la Colectiva de Mujeres Tejedoras Manabita, dijo que garantizar el acceso al aborto es parte de una serie de mandatos y sentencias que han emitido organismos internacionales en contra de Ecuador, como en un reciente fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso de Norma.
“Estos mandatos éticos y legales disponen al país eliminar las barreras para el acceso al servicio de salud sexual y reproductiva, implementar programas e incorporar la educación sexual integral y la eliminación de obstáculos para acceder a servicios de aborto sin discriminación”, añadió.
Las organizaciones feministas pidieron a la Corte que trate estas demandas de inconstitucionalidad con “prioridad”, considerando “la trascendencia constitucional, social y humana de la normativa impugnada y su impacto directo en la vida, salud, autonomía y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en el Ecuador”.
