Guayaquil (Ecuador), 28 jul (EFE).- Más de quinientas organizaciones feministas de diversas partes de Ecuador se declararon este lunes «en resistencia» ante la decisión del presidente Daniel Noboa de fusionar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con el de Gobierno, como parte de un «plan de eficiencia» que implica la reestructuración de varias instituciones y el despido de 5.000 trabajadores.
«Esta medida no ayuda en nada a la política de erradicación de la violencia contra la mujer, ya que las competencias de un Ministerio con el otro son totalmente inconsecuentes e incongruentes. El Ministerio de la Mujer debe mantenerse de manera independiente y exigimos que dé marcha atrás en la decisión», sostuvo en una rueda de prensa Nora Ayabaca, integrante de la alianza de mujeres en el Ecuador.
La principal función del Ministerio de Gobierno es la gobernabilidad del país y las relaciones con otras instituciones estatales.
Varias representantes de los movimientos llegaron esta mañana hasta los exteriores de la Corte Constitucional de Ecuador para pedir a los jueces que actúen frente a esta decisión del Ejecutivo, que -en su opinión- constituye una «regresión de derechos».
«Eliminar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es una burla a toda la lucha histórica de las mujeres y de las feministas. Es una regresión absoluta de derechos querer borrarlo de un solo plumazo como si las mujeres no existiéramos», mencionó Geraldina Guerra, de la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios.
«Señor presidente, las mujeres somos más de la mitad de la población y tenemos esta institucionalidad (el Ministerio) después de muchos años de lucha», añadió la activista Guerra.
Las organizaciones se han instalado en asambleas permanentes para analizar y articular medidas a tomar y desde esta tarde realizarán una serie de acciones en todo el país para «alzar la voz».
En Quito empezarán a concentrarse desde esta tarde en los exteriores del que era el Ministerio de la Mujer, en una manifestación convocada bajo el lema «Mujeres contra el ajuste» y seguirán activas hasta el próximo 7 de agosto, para unirse a acciones que realizarán otras organizaciones sociales.
Cada 21 horas asesinan a una mujer
Guerra señaló que es «urgente» que en el país se empiece a «tomar en serio la violencia contra las mujeres y niñas», ya que cada 21 horas se registra un feminicidio, según cifras que maneja la organización que lidera.
«Las violaciones están al orden del día, niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual, de explotación; mujeres sufren violencia física, económica, psicológica, sexual; y si no sabe las cifras, invitamos al Gobierno a que se sienten con nosotras, porque parece que eso (fusión) lo hicieron sin ni siquiera mirar lo que está pasando», señaló Guerra.
La feminista aseguró que lo que debe hacer el Ejecutivo con el Ministerio es «hacerlo funcionar», darle recursos suficientes, no solo económicos, sino también técnicos, para que los funcionarios puedan ir a territorio a palpar la realidad de la violencia que sufren las mujeres.
«Ecuador tiene dos encuestas nacionales en donde se dice que 65 de cada 100 mujeres somos víctimas de violencia en algún momento de nuestra vida y eso debería llamar la atención, eso debería mover a cualquier gobierno de turno para señalar que es un problema de política pública», afirmó Guerra.
Frente a la Corte Constitucional, las representantes de las organizaciones feministas también recordaron que en 2024 lograron frenar la idea de Noboa de renombrar al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como el Ministerio de Política Criminal y Derechos Humanos.
Además de esta petición, los grupos también exigen al Gobierno que no elimine la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil, cuyas funciones -según lo anunciado- pasarán al Ministerio de Inclusión Económica y Social; y que tampoco fusione a la cartera de Ambiente con la de Energía y Minas.
El recorte realizado por Noboa se enmarca dentro de sus políticas de control del déficit fiscal y de equilibrio de las cuentas estatales, alineadas a las metas planteadas por el programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en 2024 por 5.000 millones de dólares en cuatro años.
