Lima, 1 ago (EFE).- La Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú, Delia Espinoza, recordó este viernes que las investigaciones contra la presidenta, Dina Boluarte, serán retomadas cuando deje de ser presidenta el 28 de julio de 2026 y pierda así su inmunidad presidencial.
Espinoza señaló durante una rueda de prensa que el Congreso ha archivado varias denuncias presentadas contra Boluarte por la presunta comisión de varios delitos, pero esto no impide que la mandataria sea investigada cuando no sea presidenta.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.
“El Congreso sabe que, por la inmunidad, no puede tramitar esas carpetas. Las han archivado apresuradamente, innecesariamente, pero como no hay cosa juzgada, (…) esas investigaciones deberán retomarse después del 28 de julio», dijo Espinoza.
Espinoza aseguró que las carpetas que ha archivado el Legislativo no se han cerrado legalmente y no hay prescripción, y subrayó que existe una pretensión del Ministerio Público de perseguir los presuntos delitos cometidos por la presidenta.
«Solo estamos a la espera de que se levante la inmunidad cuando culmine su mandato”, indicó al afirmar que no se trata de una persecución personal, sino de una labor funcional que deben cumplir todos los fiscales del país.
Boluarte, que era vicepresidenta del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), tiene diversas investigaciones en marcha en la Fiscalía, entre ellas por las muertes de 59 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, después de la detención y encarcelamiento de Castillo por su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Asimismo, está investigada por presunto enriquecimiento ilícito al haber recibido lujosos regalos que no declaró oficialmente, así como por haberse sometido a cirugías estéticas sin informar públicamente antes de que estaría temporalmente incapacitada, y por presunto encubrimiento a favor del prófugo Vladimir Cerrón, líder del partido de corte marxista Perú Libre, con el que fue elegida vicepresidenta, dentro de la candidatura presidencial de Castillo en 2021.
Autonomía de la Fiscalía
Por otro lado, Espinoza defendió la importancia de respetar la autonomía del Ministerio Público los casos de alto perfil que investiga y aseguró que se han evidenciado intentos por frenar algunos de estos.
«Defender nuestra autonomía es garantizar justicia y autoridades honestas», sostuvo Espinoza, que ofreció estas declaraciones un día después de que la Corte Nacional de Justicia anulase la suspensión que pesaba sobre la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides, que volverá a integrar la junta de fiscales supremos.
En este sentido, denunció que el Ejecutivo no ha aprobado un presupuesto adicional solicitado por el Ministerio Público que sí han recibido otras instituciones y ministerios.
«No se nos ha brindado el presupuesto adicional solicitado. La pregunta queda en el aire, ¿por qué se nos discrimina al Ministerio Público en el tema presupuestal?, la respuesta la puede tener cada uno», indicó.
También advirtió que la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso para policías y militares procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) «es inviable constitucionalmente e incompatible con los tratados internacionales de derechos humanos».
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya competencia reconoce el Perú, ha pedido no promulgarla por el riesgo de impunidad en casos graves. «Es una voz que debe escucharse», sostuvo Espinoza. EFE
Sin embargo, Boluarte ha anticipado su intención de desacatar la disposición de la Corte IDH y su ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, ha asegurado que se encuentran realizando consultas con sectores de la sociedad civil para evaluar si toman la decisión de salir del Pacto de San José. EFE
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