Lima, 27 jun (EFE).- El fiscal peruano Germán Juárez sostuvo este viernes que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) ha incrementado su riesgo de fuga del país con la actividad proselitista que realiza para su partido político, según argumentó durante la audiencia en la que expuso su pedido para que se impongan seis de meses de prisión preventiva al exmandatario.
Juárez detalló su solicitud ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Víctor Alcocer, como parte del juicio oral contra Vizcarra por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua (2011-2014).
Durante su participación, el fiscal dijo que el exmandatario «viene politizando el caso», a raíz de las declaraciones que ofrece a medios locales y en actividades proselitistas a favor de su nuevo partido Perú Primero, a pesar de una orden del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impide ejercer la actividad política por estar inhabilitado por el Congreso.
«Con ese argumento, viaja a hacer actividad política, va a lugares de frontera, no obstante que no puede hacer política», indicó Juárez.
El fiscal sostuvo que Vizcarra se ha hecho nombrar presidente honorífico del partido para «sacar la vuelta» (engañar) a la resolución del JNE y realizar proselitismo con miras a las elecciones generales del 2026.
«Esa conducta hace incrementar el riesgo de fuga», apuntó Juárez.
Además, remarcó que el exmandatario no tiene un arraigo laboral claro, pues ha presentado un contrato de trabajo con una empresa inmobiliaria dirigida por su esposa Maribel Díaz y por el que aún no ha percibido ingresos.
El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, admitió que la esposa del exmandatario es gerente general de la empresa Urbanisa, compañía que lo ha contratado por locación de servicios como ingeniero civil en un proyecto inmobiliario en la región sureña de Moquegua.
Siccha agregó que el expresidente también tiene arraigo laboral como político, en el partido Perú Primero, pues debido al financiamiento legal de los partidos ésta ha derivado en una actividad profesional.
Tras escuchar a las partes y hacer preguntas, el juez suspendió la audiencia hasta las 15:00 horas de este viernes (20:00 GMT), cuando le dará la palabra al exgobernante.
Vizcarra afronta un juicio oral por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, en calidad de autor, cuando fue gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014, por el que la fiscalía ha pedido 15 años de prisión.
La solicitud de prisión preventiva fue hecha por la Fiscalía ante el próximo vencimiento del impedimento de salida del país impuesto al exgobernante.
Fiscalía pide 15 años de prisión efectiva
El juicio oral comenzó el 28 de octubre del año pasado por los casos del proyecto de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua, por los que Vizcarra es acusado de haber recibido unos 2,3 millones de soles (unos 611.000 dólares o 552.300 euros).
El fiscal Juárez también solicitó que sea inhabilitado durante 9 años para ejercer cualquier cargo público.
Vizcarra ha negado repetidas veces la acusación fiscal, que consideró «totalmente sin base, sin fundamento», y afirmó que todos sus actos como autoridad «han sido honestos, completamente».
Sin embargo, el exministro José Hernández declaró el pasado 10 de diciembre ante el tribunal que el exmandatario solicitó un soborno de 1,3 millones de soles (350.000 dólares o 329.000 euros) para adjudicar la construcción del hospital cuando fue gobernador de Moquegua.
Hernández declaró en su calidad de colaborador de la Fiscalía y después de haber sido gerente de una empresa encargada de supervisar las obras adjudicadas por el gobierno regional de Moquegua, el departamento natal del exmandatario.
