Lima, 13 ago (EFE).- El fiscal anticorrupción Germán Juárez presentó este miércoles las pruebas de los presuntos sobornos por 2,3 millones de soles (611.000 dólares o 557.000 euros) recibidos por el expresidente peruano Martín Vizcarra durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) por el que pide la prisión preventiva en su contra por seis meses por el delito de cohecho.
En una audiencia pública, el fiscal indicó que Vizcarra pidió supuestamente una comisión de 2 % del contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en el 2013, que se tradujo en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, consignados como préstamos en los registros contables de la empresa Obrainsa, favorecida con la adjudicación.
Además, el exmandatario de Perú (2018-2020) pidió a la empresa el servicio de una avioneta para el traslado de sus invitados por el monto de 35.000 soles (9.900 dólares)
Juárez afirmó que los exejecutivos de Obrainsa han corroborado los pagos, mediante un proceso de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía, y que fueron sentenciados por estos hechos.
Asimismo, el fiscal expuso ante el magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, que, en el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, Vizcarra condicionó la adjudicación de la obra al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares).
«Después de condicionar el pago de 1,8 millones de soles para firmar el contrato, vienen los pagos escalonados», indicó el representante del Ministerio Público.
La última entrega fue presuntamente en 2016, cuando Vizcarra ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, a quien sucedió en el cargo en 2018.
El exmandatario le hizo saber a los funcionarios de la empresa ICCGSA que «todavía tenían un saldo de aproximadamente 200.000 nuevos soles», indicó el fiscal, y coordinaron una nueva entrega en forma personal a Vizcarra para «no perder el contacto» en el Ejecutivo.
El juez Chávez Tamariz tomará una decisión en las próximas horas, después de que otro tribunal superior rechazó en junio pasado el pedido de la Fiscalía para imponer la prisión preventiva contra Vizcarra por este caso, aunque sí ordenó su impedimento de salida del país.
Esa primera resolución fue anulada en una sala de apelación y permitió al fiscal Juárez volver a solicitar la prisión preventiva contra Vizcarra al argumentar un posible peligro de fuga del expresidente.
El juicio contra Vizcarra comenzó el 28 de octubre del año pasado por los casos del proyecto de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua, por los que es acusado de haber recibido unos 2,3 millones de soles.
El exgobernante defiende su inocencia y asegura que los argumentos del fiscal anticorrupción del caso, Germán Juárez, están «forzados y tergiversados» y no tienen «ningún sustento».
Sostiene, además, que está sufriendo una «persecución política», al nombrar su destitución por el Congreso cuando era presidente, en 2020, y la triple inhabilitación, hasta por diez años, que le ha impuesto el Parlamento para ocupar cargos públicos, lo que busca que sea revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el objetivo de eventualmente ser candidato en las elecciones presidenciales de 2026.
