Lima, 5 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú desistió este viernes de su petición para que se prolongue la prisión preventiva que se había dictado contra la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien fue liberada el jueves en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC), mientras se encuentra internada en una clínica de Lima.
La decisión fue anunciada por el fiscal Edward Casaverde ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Edhin Campos, que había citado a las partes implicadas para analizar la medida contra Chávez, enjuiciada por el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo a finales de 2022.
Casaverde señaló que «se establece algo muy evidente en este caso, que es extemporáneo el tema vinculado a la caducidad del plazo en el que se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva».
Agregó que la petición no se puede mantener «cuando una persona ya goza de libertad» y que es «inviable discutir una prolongación de prisión preventiva cuando de por medio ya existe una comparecencia con restricciones».
«La inviabilidad de la prolongación de prisión preventiva es palmaria», remarcó el fiscal antes de recordar que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ordenó este miércoles la liberación de Chávez, una medida que fue ejecutada el jueves por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Ante esto, el abogado César Romero, defensor de Chávez, manifestó su conformidad y dijo que la Fiscalía «ha manifestado las garantías que se deben llevar y marcado un precedente» en el respeto a las decisiones del TC.
Por su parte, el juez emitió una resolución en la que señaló que la audiencia se convocó en cumplimiento del mandato del TC y que resolvía «dar por desistido el requerimiento fiscal», por lo cual dispuso «el archivo de la presente incidencia».
Chávez recibió este jueves el certificado que confirmó su excarcelación mientras se encuentra en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
La ex primer ministra es procesada junto con el expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, en el que el entonces mandatario anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.
Castillo fue destituido poco después de ese anuncio por el Congreso y detenido cuando se dirigía aparentemente a refugiarse en la Embajada de México en Lima.
Desde entonces permanece en prisión preventiva mientras es enjuiciado por la presunta comisión del delito de rebelión, por el que la Fiscalía pide que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que para Chávez pide 25 años de prisión.
El TC ordenó el miércoles la excarcelación inmediata de la ex primera ministra, tras considerar fundada una demanda de habeas corpus que argumentó que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido en diciembre de 2024, sin que Chávez fuese puesta en libertad, en lo que constituyó una detención arbitraria.
