Mérida, 15 may (EFE).- La Fiscalía ha instado a la Audiencia de Badajoz a archivar el procedimiento abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
“Es absurdo prolongar el proceso” que está “condenado al fracaso”, afirma el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.
El escrito de la Fiscalía, al que EFE ha tenido acceso, se ha conocido un día después de que la acusación popular pidiera tres años de prisión tanto para David Sánchez como para el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.
En su solicitud de archivo, que obviamente se extiende a las otras nueve personas investigadas en esta causa, la Fiscalía entiende que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera “patente”, “clara”, “inobjetable” e “irrefutable” y no encaja judicialmente en una figura penal.
Sostiene que la imputación efectuada por la magistrada no se sustenta en la existencia de auténticos indicios racionales de criminalidad.
“La conclusión incriminatoria” de la jueza se sustenta, según la Fiscalía, en “conjeturas e hipótesis” que no cuentan con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios, el que finalmente ocupó David Sánchez, “fuera creado a la carta”.
Entre sus consideraciones, el Ministerio Público entiende que las declaraciones de los directores de los conservatorios de música -que debían estar coordinados con la plaza ofertada- no permiten concluir que alguno de ellos entendiera que la creación del citado puesto obedeciera a motivaciones espurias de ningún tipo.
Según la Fiscalía, la creación del puesto de coordinador estaba justificada desde la perspectiva del interés público y que la misma se ajusta al pleno respeto por las decisiones administrativas legítimamente adoptadas por las autoridades y funcionarios públicos.
En este marco, se asevera que ninguna diligencia practicada permite sostener que la evaluación efectuada por el tribunal -a la decena de candidatos presentados al citado puesto- fuera “incorrecta y mucho menos injusta o arbitraria”.
“No existen elementos que permitan poner en duda que -David Sánchez- fue propuesto y nombrado por ser el candidato más idóneo”, expone la Fiscalía.
Por lo que respecta al hecho de que Sánchez realizara gestiones para encontrar una vivienda en los días previos a su entrevista, la Fiscalía asegura que éste no firmó ningún contrato de arrendamiento, pues “solo se limitó a informarse”, circunstancia “de todo punto normal”.
Asimismo, la Fiscalía considera que no existe un solo indicio que permita afirmar que con anterioridad a la creación de la citada plaza el presidente de la Diputación de Badajoz, en colaboración con otros funcionarios, impulsaran dicho puesto de trabajo para que fuera ocupado por David Sánchez atendiendo a un marco ajustado a un partido político.
En este punto, el Ministerio Público apunta que Gallardo, como así lo expuso éste en su declaración, respaldó a Susana Díaz y no a Pedro Sánchez en el proceso de primarias del PSOE.
“No se alcanza a entender” que Gallardo “pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de Pedro Sánchez o de su entorno cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra”, se expone en el escrito.
Del mismo modo, la Fiscalía no ve irregularidad alguna en el proceso de modificación de nomenclatura del puesto de trabajo -de coordinador a jefe de la Oficina de Artes Escénicas- ya que las funciones a desarrollar por Sánchez “no se vieron alteradas en absoluto”.
En relación con “el tan manido despacho”, como así se expone, la Fiscalía afirma que a Sánchez le habilitaron primero un espacio en la Biblioteca del Conservatorio y, posteriormente, un despacho en esa sede. Tras su excedencia, ocupó el despacho del jefe de Estudios, luego otro en la Diputación y más tarde en los Servicios Centrales.
Por lo que se refiere a la contratación de Luis María Carrero, exfuncionario del Ministerio de Presidencia y amigo personal de David Sánchez, como jefe de Centros y Programas Transfronterizos de la Diputación, el Ministerio Público subraya que “la mera amistad o cercanía” no es indicio suficiente para concluir que el hermano del presidente del Gobierno pudiera haber intervenido de forma ilícita en favor de su amigo.
