Madrid, 30 sep (EFE).- La Fiscalía ha rechazado que el trabajo que desempeñó Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, tanto en la cátedra que codirigió como en varios másteres, pueda considerarse un negocio y ha cuestionado la evolución de una investigación que, según dice, suma «imputaciones y delitos».
El fiscal se ha adherido al recurso que presentó el abogado de Begoña Gómez en la Audiencia Provincial contra su imputación por un delito de malversación sobre la contratación de su asesora en la Moncloa y sobre si esta, pagada con fondos públicos, realizó para ella funciones vinculadas a la cátedra que codirigió la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense.
Como ya hizo con el recurso presentado por la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, el fiscal niega una vez más que haya indicios de malversación y subraya que, si se considera delictivo el nombramiento -algo que rechaza-, «no se entiende por qué detenerse en 2018 y no retrotraerse a otras etapas no prescritas».
Según el fiscal, «nada apunta» a que Álvarez tuviera un trabajo ficticio o cobrara dinero público por no trabajar, ni hay «alcance de ningún tipo para las arcas públicas por eventual exceso en sus atribuciones o actuaciones en el marco de la actividad laboral» de Begoña Gómez.
Aunque sabe que excede su recurso, explica que Begoña Gómez cobró en diez años -de 2012 a 2022- 34.314 euros en la Universidad Complutense, de los que 9.131 euros fueron anteriores a que Sánchez fuese presidente y, en concreto, la cátedra le reportó «0 euros».
«No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares», indica el fiscal, que hace hincapié en que no hay «noticia de pagos sospechosos» pese a la investigación patrimonial realizada.
También rechaza indicios de esta presunta malversación respecto al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, cuya imputación considera que se debió alzar de oficio cuando el Tribunal Supremo no vio ningún indicio contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
«Más allá de sumar imputaciones y delitos», el fiscal dice seguir a la espera de que Peinado indique «dónde ha quedado el delito de corrupción en los negocios», que forma parte de la causa principal y del que resalta su «improcedencia e imposible subsunción».
«Y toda la temática de la supuesta apropiación del software instruida en la pieza principal se ha desvanecido. No se ha apropiado de ningún software. Ni existía ningún ánimo de lucro» -dice-, puesto que las creaciones en el marco de la cátedra eran titularidad de la Universidad.
Niega también indicios de intrusismo profesional en relación a la redacción de un pliego de condiciones técnicas, y explica que documentos en la causa constatan que debía firmarlo un responsable de la cátedra, de modo que «ni parece un caso de índole penal» ni existe «elemento doloso por ningún lado, pareciendo a lo sumo una irregularidad administrativa».
