Madrid, 9 may (EFE).- La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, como investigado por supuesta malversación de caudales públicos en la contratación de la asistente de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Ministerio Público recurre ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto en el que el magistrado admite una querella de Vox solo en la parte relativa al presunto delito de malversación de caudales públicos por la supuesta relación de Francisco Martín Aguirre con la contratación de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez cuando era secretario general de la Presidencia del Gobierno.
En su recurso solicita a la Audiencia que deje sin efecto la resolución del juez de instrucción número 41 de Madrid y decrete la inadmisión y el archivo de la querella de Vox.
Por ello el fiscal califica de “incomprensible” la admisión de la querella, manifiesta su “desconcierto” y atribuye a la decisión del magistrado “incoherencia” y “escasa lógica”.
Además reprocha la lentitud en la resolución de recursos por parte del juez, “que choca con la celeridad en llevar a cabo las decisiones adoptadas”.
En relación con esta investigación declaró el pasado mes de abril, como testigo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a Cristina Álvarez en 2018, y al que mencionaron en sus declaraciones tanto esta investigada como quien propuso su nombramiento, el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González.
En la querella de Vox se especifica que Francisco Martín era en julio de 2021 secretario general de la Presidencia del Gobierno “siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez”.
El juez Juan Carlos Peinado fundamentó que procedía admitir a trámite la querella respecto a Francisco Martín “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez con cargo a los presupuestos generales del Estado”.
Al respecto el fiscal advierte “una manifiesta escasez argumental” ya que “esto es todo” lo que el juez se limita a señalar respecto al querellado y a su juicio “la dirección de la querella contra Francisco Martín lo es por el mero hecho de ostentar un cargo en un momento determinado”.
Recuerda que de lo investigado se conoce que Cristina Álvarez fue nombrada en 2018″ y alega que “no puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los tres años de antigüedad cuando Francisco Martín es nombrado para el puesto en cuestión”.
El fiscal recalca que “el nombramiento es legal y usual a lo largo de los años de democracia en España en los que la persona cónyuge del presidente del Gobierno siempre ha contado con un asistente e incluso dos, justificado por actuaciones de agenda, coordinación con la seguridad y asistencia en general”.
Así relata que Cristina Álvarez ha realizado funciones asignadas de coordinación de agendas con los funcionarios de escolta y vigilancia, ciertas llamadas, envíos de algunos correos y gestiones de presencia en eventos de Begoña Gómez.
“Estamos hablando de prácticamente siete años desempeñando el puesto de asistente de la cónyuge del presidente del Gobierno, 2.555 días con disponibilidad horaria total y se invocan episodios concretos de apoyo, participación o encomienda de gestiones para pretender orquestar una malversación de caudales públicos”, añade.
La Fiscalía mantiene que “ni el nombramiento se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Begoña Gómez ni la actuación de Cristina Álvarez se ha centrado en ello más allá de colaboraciones concretas”.
Al respecto comenta que “la asistencia puntual en actividades de la cátedra, máster o de la Universidad Complutense resultan más bien anecdótica o secundaria y sin perjuicio para las arcas públicas”.
El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo; Cristina Álvarez; y a otras tres personas, que fueron primero testigos: el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el exconsejero madrileño y directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes.
