París, 23 abr (EFE).- La Justicia francesa quiere que la Audiencia Nacional española le aclare varios puntos de su demanda contra la etarra Iratxe Sorzábal para juzgarla por el asesinato del ertzaina Montxo Doral en 1996, y en particular sobre si se investigó y cómo la denuncia de la etarra de haber sido torturada al confesar en 2001.
La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París pidió este miércoles un complemento de información a la Justicia española antes de pronunciarse sobre esa demanda, que es la condición para que Sorzábal pueda sentarse en el banquillo por esos hechos, y deja el caso en suspenso hasta el 4 de junio.
El presidente de la sala precisó que ese complemento de información es para que se comuniquen los procedimientos que hubo cuando la etarra afirma haber sido torturada durante los cinco días que pasó en manos de la Guardia Civil en Madrid al ser arrestada en marzo de 2001.
Se trata de saber si se formalizó la denuncia, qué se investigó y cuáles fueron las consecuencias.
Los jueces franceses quieren también que la Audiencia Nacional les precise si hay otros elementos de acusación contra ella en el sumario por el asesinato de Doral el 4 de marzo de 1996 en Irún, más allá de la propia confesión y cuáles son las infracciones que se le imputan.
Todas estas reservas de la sala de instrucción llegan después de que el pasado día 4 Sorzábal fuera absuelta por la propia Audiencia Nacional en el juicio por otro atentado de ETA en julio de 1995 por la colocación de una bomba en el aeropuerto de Alicante que pudo ser desactivada antes de explotar.
El tribunal justificó esa absolución por la falta de pruebas directas de su implicación en esa acción y por considerar que no era suficiente la “kantada” que se atribuía a esta etarra pero cuya autoría ella ha negado.
En esa “kantada”, que es un documento hecho para uso interno de la organización terrorista que fue requisado por las fuerzas del orden, se presentaba un listado de hechos perpetrados por la banda que los investigadores consideraban que era una forma de reconocimiento por parte de quien lo había redactado.
En la audiencia celebrada el pasado 29 de enero en París para examinar la euroorden española contra Sorzábal por el asesinato del suboficial de la Ertzaintza, la defensa pidió que se rechazara por considerar que la acusación estaba viciada por las torturas que alega haber sufrido en marzo de 2001.
La abogada, Xantiana Cachenaut, hizo hincapié entonces ante la sala de instrucción en que los jueces españoles no habían dado credibilidad a las confesiones que hizo su clienta ante la Guardia Civil sobre su presunta implicación en “no menos de una decena de atentados” puesto que la dejaron en libertad en septiembre de ese mismo año sin ser imputada.
Iraxte Sorzábal, que había cumplido una primera pena en Francia a finales de los años 1990 por su actividad en ETA fue entregada en 2001 a España pese a que lo intentó evitar con una huelga de hambre que justificó por el riesgo que decía que había a que fuera maltratada por las fuerzas del orden españolas.
Una vez en libertad en septiembre de 2001, volvió a integrarse en la organización terrorista y fue capturada en 2015 junto a David Pla, otro de los que en ese momento era considerado por la policía, como ella, uno de los miembros de la dirección de ETA.
Como ese arresto se produjo en Francia, España tiene que obtener luz verde de la Justicia francesa para poderla sentar en el banquillo por cada uno de los hechos por las que ha sido inculpada.
El Tribunal de Apelación de París ya ha dado su autorización en otras causas, lo que ha permitido que se la juzgue varias veces y que haya recibido, en particular, una condena en 2022 a 24 años de cárcel por un doble atentado en Gijón en noviembre de 1996. La etarra, de hecho, cumple condena en la cárcel alavesa de Zaballa.
