Garamendi critica que el Gobierno utilice el diálogo social «para su propio beneficio»
Madrid, 2 jul (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que el Gobierno esté utilizando el diálogo social y la representación de los empresarios en el mismo «para su propio beneficio» con la entrada de las organizaciones Pimec y Conpymes en diferentes organismos. «No me vale que la ministra abra este espacio», ha dicho el líder de la patronal CEOE en su intervención en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, refiriéndose a la entrada de la patronal catalana Pimec en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este miércoles una orden del Ministerio de Trabajo en la que se da entrada como vocal representativo en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos por parte de las organizaciones empresariales a una persona de la patronal Pimec. Así, la CEOE y Cepyme han tenido que ceder una vocalía a Pimec, que ocupará Josep Ginesta, de forma que se quedan con cinco vocales (Ana Herráez, Luis Méndez, José Manuel Ayesa, Diego Carril y María José Leguina). CEOE y Cepyme habían recurrido a los tribunales para frenar la entrada de Pimec en la(CCNCC) con un recurso ante la Audiencia Nacional contra una orden del Ministerio de Trabajo que cesaba a los vocales de las organizaciones empresariales, solicitando además medidas cautelares. A esta situación, se suma la entrada de un representante de Pimec y otro de la asociación de pymes Conpymes, vinculada a Pimec, en el Consejo Estatal de la Pyme, que se reunió ayer con la asistencia de los representantes de ambas compañías, el exdiputado Ferran Bel y de Julio Villaescusa. Garamendi ha recordado que su organización negocia «los grandes acuerdos sociales» mientras que Pimec lo hace con apenas tres o cuatro convenios colectivos, en los que además también está presente la patronal catalana Foment del Treball. Ayer, fuentes de CEOE Cepyme subrayaban que sólo sus organizaciones están reconocidas como agentes sociales por la Constitución Española y consideraban que la decisión del Gobierno «ahonda en una deriva intervencionista de las relaciones laborales y utiliza foros clave para el diálogo social como moneda de cambio de intereses partidistas».
