Lima, 9 oct (EFE).- El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, anunció este jueves una serie de medidas, que incluyen la creación de grupos especializados para combatir el crimen organizado, al cabo de una reunión con otros poderes del Estado y gremios de transporte urbano, afectados por el sicariato (asesinato por encargo) y la extorsión.
Entre los acuerdos, Arana mencionó la creación, en un plazo de 15 días, de una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la extorsión, así como impulsar un grupo interinstitucional de combate al sicariato, que estará a cargo de la mesa directiva del Congreso.
El presidente del Consejo de Ministros agregó que el Ejecutivo se compromete también a destinar el presupuesto para la implementación de nuevas unidades de flagrancia y la creación de fiscalías especializadas en bandas criminales.
Igualmente, el Gobierno de la mandataria Dina Boluarte se compromete, en 15 días, a reglamentar todas las leyes pendientes relacionadas con seguridad ciudadana, especialmente con sicariato y extorsión.
El Parlamento estará a cargo de realizar las precisiones inmediatas a la Ley de Criminalidad Sistemática y la Fiscalía propondrá una iniciativa legislativa para extender a 15 días el plazo de detención para delitos de sicariato y extorsión.
Las próximas reuniones para debatir estos temas serán el 16 de octubre y el 9 de noviembre, indicó el jefe del gabinete.
Arana reiteró que existe un «compromiso real», que consiste en «unir los máximos esfuerzos para luchar contra criminalidad».
Este jueves, el pleno del Congreso aprobó citar al primer ministro, Eduardo Arana, y a los integrantes del Consejo de Ministros para esta misma jornada con el fin de exigir acciones concretas contra el crimen organizado, horas después de un ataque armado contra una popular agrupación de cumbia que dejó cinco heridos en Lima.
«La crisis golpea a todos los sectores del país, es inaplazable. El Perú necesita acciones concretas ya», compartió el partido fujimorista Fuerza Popular, promotor de la citación, en su cuenta de la red social X.
A raíz del ataque contra el grupo Agua Marina y el asesinato de decenas de conductores y trabajadores del transporte público en Lima en lo que va del año, varios grupos parlamentarios anunciaron este jueves igualmente la intención de destituir a Boluarte por incapacidad moral.
La bancada derechista de Renovación Popular, partido que lidera el ultraconservador alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, informó que ha comenzado a recolectar las firmas necesarias de respaldo para poner a debate una moción de vacancia (destitución) contra Boluarte.
Y en el mismo sentido, al menos otros dos grupos anunciaron que presentarán mociones similares contra la mandataria por la inseguridad en el país.
Una vez que los legisladores presenten la moción, se necesitan al menos 87 votos, de los 130 parlamentarios del Congreso peruano, para aprobar la eventual destitución de Boluarte, que asumió la presidencia en 2022 cuando era vicepresidenta de Pedro Castillo (2021-2022), destituido a su vez por su fallido intento de golpe de Estado.
