Buenos Aires, 17 jun (EFE) .- La Procuración General de la ciudad de Buenos Aires presentó este martes una nota ante el tribunal que decidirá si otorgar o no la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la que manifestó su preocupación por los efectos negativos que tendría una eventual detención en la residencia de la exmandataria el barrio porteño de Constitución.
En el escrito presentado ante Tribunal Oral Federal N.º 2, el Gobierno porteño destacó que la detención de Fernández en su vivienda afectaría gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona de alta densidad y tránsito como lo es el barrio porteño de Constitución, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de la capital argentina.
La Procuración General destacó además que en los últimos días se han registrado concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa en el domicilio en cuestión,
Tras la confirmación de la condena, grupos de militantes y seguidores de Fernández se concentran cada día en las inmediaciones de la vivienda, desde cuyo balcón la exmandataria los saluda con frecuencia y agradece su apoyo.
En la nota ante el tribunal se adjuntaron además informes técnicos que detallaron que el dispositivo de custodia permanente de la vivienda donde la exmandataria solicitó cumplir su condena a seis años de prisión alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y el funcionamiento general del centro porteño.
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires solicitó que, en caso de autorizarse la prisión domiciliaria en dicha vivienda, se implementen medidas excepcionales para garantizar el orden público y los servicios urbanos, con intervención conjunta de las autoridades nacionales y locales.
La nota fue presentada un día antes de que se cumpla el plazo de cinco días hábiles que se le otorgó a Fernández para ponerse a disposición de la Justicia y comenzar a cumplir su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, después de que fuera declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno.
Después de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia condenatoria, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, solicitó el beneficio del arresto domiciliario.
El pedido se fundó en la edad de Cristina Fernández, 72 años, además de en su condición de expresidenta, y sostuvo no corresponde que sea alojada en una cárcel común, teniendo -además- como antecedente el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.
