Quito, 25 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador, que mantiene un pulso político con la Corte Constitucional (CC) luego de que ésta suspendiera parcialmente tres de sus leyes recientemente aprobadas por el Parlamento, confía en que el alto tribunal valore «de forma objetiva la defensa de constitucionalidad que va a llevar a cabo el equipo jurídico de la Presidencia de la República» este lunes, señaló la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo.
La CC «tiene una responsabilidad enorme con los ecuatorianos (…). Confiamos en que la Corte tome la mejor decisión para los ecuatorianos», dijo en su rueda de prensa semanal al ser consultada sobre el proceso y si el Ejecutivo tiene un plan alternativo en caso de que la decisión de la Corte le sea adversa.
«No existe un plan B, lo que existe es una confianza en que los magistrados valoren la defensa de la constitucionalidad que vamos a hacer en todas las audiencias», señaló Jaramillo al insistir en que les hubiese gustado que las audiencias sean presenciales, pero la Corte optó por la virtualidad.
La CC convocó a para las 10:30 hora local (15:30 GMT) de este lunes a la primera audiencia pública, en esta ocasión sobre la Ley de Solidaridad Nacional, una norma contra la que se presentaron cinco acciones de inconstitucionalidad y de la que el alto tribunal suspendió de manera temporal algunos artículos.
La próxima audiencia, que será sobre la Ley de Integridad Pública, se celebrará el 27 de agosto a las 10:00 hora local (15:00 GMT), mientras que la cita por la Ley de Inteligencia tendrá lugar el 1 de septiembre a la misma hora.
Los artículos suspendidos contienen algunas de las medidas más polémicas de estas leyes como la prerrogativa que se le daba al presidente para conceder ‘indultos anticipados’ a policías y militares que sean procesados por presuntos delitos cometidos bajo el marco del ‘conflicto armado interno’ declarado por Noboa a inicios de 2024 contra el crimen organizado.
En materia de inteligencia también quedaron suspendidos los artículos que permitían que el sistema nacional de inteligencia manejar fondos públicos sin regirse por la ley de contratación pública así como que se pudiese solicitar información de usuarios a las empresas telefónicas y que sus agentes pudiesen recibir identidades falsas.
Noboa lideró marcha
Las audiencias inician en medio de un pulso político que se intensificó el pasado 12 de agosto cuando el jefe de Estado, Daniel Noboa, lideró una nutrida marcha hacia la CC en rechazo a la suspensión de varios artículos de las mencionadas tres leyes.
El día de la marcha aparecieron varios carteles con los rostros y nombres de los nueve jueces de la CC, con una leyenda en las que se los señalaba por «robarle la paz» a los ciudadanos, al haber suspendido parcialmente las leyes que el Ejecutivo considera indispensables para avanzar en su lucha contra la delincuencia.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, entre otros, rechazaron los «ataques» y «hostigamientos» que recibió la Corte Constitucional y llamaron al Gobierno a respetar la independencia judicial.
En medio del pulso del Gobierno con el alto tribunal, la semana pasada el Ejecutivo comunicó a la CC que debía abandonar el edificio en el que se ubica su sede, pero horas después rectificó la decisión, mientras que el viernes trascendió que la Contraloría General del Estado emitió una orden de trabajo para iniciar acciones de control a la CC, específicamente en temas relacionados con la administración de talento humano y pago de nómina.
