Lima, 20 ago (EFE).- El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, aseguró este miércoles que el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender las investigaciones abiertas contra la presidenta, Dina Boluarte, protege la Presidencia y muestra que la Fiscalía había excedido sus funciones al comenzar varias pesquisas contra la mandataria.
«Lo más importante y destacable aquí es que se ha dicho lo siguiente: en un Estado democrático, constitucional y de Derecho, la separación de poderes es fundamental para la convivencia de las instituciones», dijo Arana a la agencia estatal Andina.
Este martes, el Tribunal Constitucional ordenó suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra Boluarte, al considerar que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio del poder salvo por los delitos por los que la Constitución permite su destitución.
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró así fundada la demanda presentada por el Gobierno que sostenía que la persona que ejerza la Presidencia solo pueda ser investigada durante su mandato por los mismos delitos establecidos en el artículo 117, que permite destituir al jefe o jefa de Estado por traición a la patria, disolver el Congreso (Parlamento) indebidamente o impedir elecciones.
En este sentido, el presidente del Consejo de Ministros añadió que más allá de lo que jurídicamente se interpreta, el TC ha indicado que la institución de la Presidencia de la República debe ser protegida y no puede ser «manoseada» por ninguna otra institución.
«Se demuestra que todo el accionar anterior (de la Fiscalía) no ha tenido el atributo de legalidad, de legitimidad y mucho menos ha contribuido a sostener la democracia en nuestro país», sostuvo.
Arana agregó que el fallo del TC demuestra que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, había excedido sus funciones.
Además, consideró que la importancia de esta sentencia radica en que establece el procedimiento a seguir para investigar al presidente «quien quiera que sea» y delimita las atribuciones del Ministerio Público en relación con la figura presidencial.
Reiteró que Boluarte no le teme a la investigación, pero subrayó que no se puede hacer un uso indebido del atributo del Ministerio Público para abrir carpetas fiscales.
«La señora presidenta no se corre de las investigaciones, no pretende de ninguna manera entorpecer las investigaciones, pero las investigaciones no provienen de un hecho que signifique alguna comisión de un delito», dijo.
Actualmente Boluarte enfrenta numerosas investigaciones en la Fiscalía por las muertes de al menos de 49 personas durante la ola de protestas acontecida tras su llegada al poder, luego de la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido intento de golpe de Estado, además de otras indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.
La mandataria, que se encuentra en su último año de mandato como la gobernante más impopular de Latinoamérica al registrar apenas un 3 % de aceptación según varias encuestas, se encuentra también investigada por el caso ‘Rolexgate’ por haber recibido presuntamente sobornos en forma de regalos de lujo como relojes de alta gama.
Asimismo, Boluarte enfrenta indagaciones por no haber informado públicamente de que estaría temporalmente incapacitada al someterse a una serie de cirugías estéticas y supuestamente haberse falsificado su firma en documentos oficiales durante su estancia en la clínica.
De acuerdo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, todos estos expedientes fiscales y otros más deben quedar congelados hasta que Boluarte termine su mandato el próximo 28 de julio de 2026 y ceda el sillón presidencial al ganador o ganador de las elecciones que se celebrarán en la primera mitad del próximo año.
