Quito, 4 ago (EFE).- El Gobierno detectó el uso de ciertas «organizaciones sociales» catalogadas como sin fines de lucro para «lavar dinero» en Ecuador, aseveró este lunes la portavoz, Carolina Jaramillo, al defender el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo para controlar la financiación de organizaciones no gubernamentales.
Dicho proyecto, enviado a estudio a la Asamblea Nacional (Parlamento) con el carácter de urgencia económica, se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por combatir la criminalidad y la minería ilegal, entre otros.
En su rueda de prensa semanal, Jaramillo recordó que ya en junio pasado, Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó de la detección de 600 millones de dólares en casos de presunto lavado de activos en los cinco primeros meses de 2025.
Según Neira, ese dinero fue detectado en “operaciones inusuales e injustificadas”, principalmente gracias a controles más rigurosos y eficientes. En años anteriores, la UAFE solo reportaba entre 200 y 500 millones de dólares anuales, una cifra que ya fue superada entre enero y mayo de este año. El director adelantó que esperan detectar alrededor de 1.000 millones de dólares hacia finales de 2025.
Jaramillo mencionó este lunes estimaciones de «que hay fundaciones que reciben entre 10 a 15 millones de dólares, en total se superan los 300 millones de dólares».
Y consideró «alarmante» el dato de «600 millones de dólares en operaciones inusuales» revelado por la UAFE.
«Esos datos ya llaman poderosamente la atención y ponen sobre la mesa un debate que es muy necesario en este país: ¿qué es lo que está ocurriendo con las organizaciones sociales?», indicó.
Marco normativo
Jaramillo dijo que «las fundaciones, las organizaciones sociales que defienden causas loables no pueden verse empañadas porque algunas, quién sabe pocas o muchas, estén desviando estas causas para, quién sabe, y estar cometiendo algunos presuntos delitos».
Subrayó, sin embargo, que «la mayoría» de organizaciones sociales «cumplen una labor loable», pero «hay algunas de ellas que podrían estar siendo utilizadas para cometer delitos, como el lavado de activos».
Jaramillo consideró indispensable que también la sociedad debata sobre la propuesta del Ejecutivo para que grupos delictivos no conviertan a las organizaciones sociales en instrumentos para cometer delitos.
La portavoz aseguró que ahora el Gobierno nacional, a través de los órganos de control e investigaciones, «sigue el rastro de estas organizaciones». «De hecho, lo que se está mirando ahora es la necesidad de que exista un marco normativo que permita a las organizaciones de control, a la Fiscalía, tener mayor contundencia al momento de rastrear cómo se lavan los recursos», dijo.
Consultada sobre si, a través de ese rastreo el Estado pudo identificar que ciertas organizaciones han lavado dinero, respondió tajantemente: «Sí, así es».
Pedido de archivo
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, exigió que se archive de manera inmediata el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, al advertir que pretende imponer un fuerte control sobre la financiación de organizaciones no gubernamentales y que «podría convertirse en una herramienta de persecución política, financiera y social».
«No es la primera vez que el Estado pretende imponer medidas autoritarias bajo el discurso de seguridad», señaló la Conaie, que lideró los levantamientos sociales de 2019 y 2022 contra los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), respectivamente.
La Conaie sostuvo que «el proyecto otorga a la UAFE facultades desproporcionadas, permitiéndole congelar cuentas sin orden judicial y presumir culpabilidad sin pruebas».
«Esta ley podría usarse para criminalizar a la oposición y silenciar a quienes defendemos la vida, los territorios y la organización comunitaria», insistió la Conaie.
