Quito, 26 sep (EFE).- Cerca de un centenar de personas han sido detenidas durante las manifestaciones en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos.
El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberd, señaló este viernes en la televisión RTS que, hasta el momento, han detenido a entre «95 y 96» personas, diez más que el jueves.
El pasado miércoles, la justicia ordenó la prisión preventiva para 12 de los 13 procesados por el delito de terrorismo debido a su presunta participación en los ataques violentos del lunes a un destacamento policial en la ciudad de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura.
Entre los detenidos figuran dos venezolanos, que las autoridades presumen que están vinculados al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, y catalogado por el Gobierno de Daniel Noboa como «terroristas».
Mientas los indígenas denuncian represión, Reimberg recordó que el Gobierno actúa cuando los manifestaciones intentan atentar contra propiedades y anotó que las fuerzas del orden no permitirán el cierre de vías, por lo cual despejan los cortes parciales que realizan los manifestantes.
A primera hora de este viernes, por ejemplo, los manifestantes cruzaron troncos y ramas de árboles en una vía del norte de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, mientras que en la de Imbabura había cuatro cortes en distintas zonas, que impedían la normal movilización.
El funcionario indicó que hay líderes que presuntamente amenazan con multar y limitar el acceso al agua a habitantes de ciertas comunidades si no salen a las manifestaciones, que desde el lunes se han registrado más notoriamente en provincias como Pichincha, Imbabura y Cotopaxi, mientras anoche ocurrieron también en la ciudad andina de Cuenca, en las provincia del Azuay.
Esta semana, el Gobierno ha entregado un millar de documentos que brindan seguridad jurídica a las comunidades para administrar de manera responsable el agua y avanza en el proceso de millonarios proyectos de agua potable y saneamiento, en beneficio de más de 1,2 millones de habitantes a escala nacional, según el Ministerio de Ambiente y Energía.
¿Tinte político?
El Gobierno considera que las manifestaciones ya no son por el alza del costo del diésel sino que tienen fines políticos con ánimos de desestabilizar al Gobierno.
«No vamos a permitir que generen esta violencia y utilicen al pueblo para que salgan a hacer actos de violencia», subrayó el ministro, quien también vincula al crimen organizado en las protestas.
Como ejemplo, comentó sobre el decomiso de 18.000 galones (68.133 litros) de diésel, «que estaban previstos para ser utilizados en delitos de narcotráfico».
Violencia en cárceles
El jueves, 17 reos fueron asesinados por otros presos en una cárcel de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, un hecho que se produjo tres días después de la muerte de otros 14 reclusos en enfrentamientos en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
«Aprovechan el tema de la manifestación y calientan las cárceles. Financian a grupos delincuenciales para que suceda esto», dijo el ministro sin referirse directamente a ninguna personas en particular.
Reimberg recordó que en los últimos meses han golpeado la estructura económica y delictiva de los grupos criminales al, por ejemplo, haber incautado de 103 bienes de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esas incautaciones tuvieron lugar el pasado 9 de septiembre tras 68 allanamientos en nueve provincias, concretando «el golpe a las estructuras criminales más grandes de Ecuador, que movía alrededor de 313 millones de dólares», según el funcionario.
Esa operación se dio en el marco de la lucha contra las bandas del crimen organizados que adelanta el Gobierno de Noboa, quien las catalogó como «terroristas» tras declarar, en enero de 2024, al país en ‘conflicto armado interno’.
