Ciudad de Panamá, 26 ago (EFE).- El Gobierno de Panamá autorizó este martes al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a coordinar con la empresa Chiquita el modo de «facilitar y asegurar» los esfuerzos para la reanudación de su actividad bananera en el país, después de que la transnacional cerrara su producción meses atrás a causa de un paro sindical.
La medida faculta al ministro Moltó a «suscribir, en representación del Gobierno Nacional, los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones», así como a «establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de los compromisos asumidos», según un comunicado.
El Ejecutivo panameño resaltó que es «consciente del impacto social y económico de la suspensión de actividades», y es por eso que ha impulsado gestiones «para lograr el restablecimiento de la operación, considerando la trayectoria de la empresa y su importancia en el desarrollo de la provincia de Bocas del Toro», donde operaba.
Con este objetivo, el Gobierno coordinará esfuerzos con instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), entre otras, con el fin de facilitar una reanudación económica y ordenada de la actividad bananera en la región, sostiene la nota.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, adelantó el pasado jueves en su comparecencia semanal ante la prensa que existe la expectativa de alcanzar un acuerdo con Chiquita durante una reunión prevista con sus máximos representantes el próximo 29 de agosto en su visita a Brasil.
«En principio debo tener una reunión con él el viernes 29 antes de salir de vuelta para Panamá. Todo indica que es positivo, así que yo espero mejor hacer el anuncio terminada la reunión con el dueño o presidente de Chiquita Panamá en Brasil», señaló el mandatario del país centroamericano.
Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia occidental de Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró el negocio y despidió a cerca de 6.500 trabajadores luego que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril un paro que se prolongó más de dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social.
La transnacional aseguró que perdió 75 millones de dólares por el paro, que fue declarado ilegal por un tribunal de trabajo al estar motivado por un asunto ajeno a la empresa.
