Madrid, 26 jun (EFE).- El Gobierno y la Generalitat catalana han destacado este jueves que el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía supone el final de la crisis política en Cataluña, y han instado al Supremo a aplicársela a todos, mientras que, al contrario, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que ha sido «una vergüenza».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en Bruselas que es «una magnífica noticia» que el pleno del Constitucional, por seis votos a cuatro, haya dado el visto bueno a la amnistía, porque «cierra» una crisis que nunca debió salir de la política, mientras el jefe del Govern, Salvador Illa, ha apuntado que desde que se aprobó la ley «las cosas van mejor» en Cataluña y ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la norma «con diligencia».
En contraste, también desde Bruselas, Feijóo ha llamado «autoamnistía» a la ley y la ha tildado de «inmoral» y de provenir de una «transacción corrupta» porque fue una moneda de cambio que pactaron los socialistas para gobernar esta legislatura.
«Autoamnistía», que es el término empleado por los cuatro magistrados conservadores del TC que se han opuesto a la decisión del tribunal, ha llamado asimismo a la ley el exlíder socialista Felipe González, quien ha anunciado en una entrevista radiofónica que en las elecciones votará en blanco y ya no al PSOE por la «barrabasada» de que los beneficiados por la amnistía fueran redactores de la ley.
Unas afirmaciones a las que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido: «puedes decir que no te gusta un fallo» judicial, pero que hay que acatar lo que dictaminen los tribunales».
Otros ministro, en este caso el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar, ha afirmado que el aval del TC es «una buena noticia» porque «corrige aquello que no tendría que haber sucedido nunca».
Amnistía para «todos»
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha convocado a la prensa en el Congreso para manifestar que la decisión del Constitucional constituye un «broche» a la apuesta del Gobierno por la convivencia, aunque no estará completa hasta que se aplique a todos los dirigentes del ‘procés’.
En ese sentido se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha exigido al Constitucional usar sus «mecanismos coercitivos» para obligar al Supremo a aplicar la ley a los líderes independentistas, entre ellos Carles Puigdemont.
«Si el juez Pablo Llarena quisiera recuperar el prestigio, lo que haría ahora sería retirar de manera inmediata las órdenes de búsqueda y captura» contra Puigdemont y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, ha apuntado Turull.
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado el aval, pero ha denunciado que «no comportará ningún cambio» en su situación porque el Supremo «ha dejado clara su voluntad» de no aplicarle la ley a él y otros dirigentes del ‘procés’, para agregar: «Sin embargo, persistiremos y estamos convencidos de que ganaremos».
También en el lado del apoyo a la amnistía, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmado que «se han acabado las excusas, las argucias y las demoras» para aplicar la ley a «todos los casos y personas a los que se les tiene que aplicar».
En la misma línea, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, que considera que el espíritu de la ley de amnistía aprobada en el Congreso contemplaba la cuestión «en toda su dimensión» y, por tanto, su constitucionalidad debería avalar «cualquier delito vinculado a la amnistía».
Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado que con el aval del Constitucional se abre una nueva fase para «encauzar» la voluntad del pueblo catalán a través del diálogo y del acuerdo, vía que también ha defendido para alcanzar un nuevo marco de autogobierno en Euskadi.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, también ha celebrado la decisión del TC y que se ponga fin así a «este conflicto que se ha alargado innecesariamente demasiado tiempo».
Igual que el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, quien fue uno de los impulsores de la ley, que ha destacado que la sentencia es «una victoria del derecho, la razón, el sentido común, el diálogo y el acuerdo, frente a la venganza y el odio» y «un paso fundamental en la normalización política».
Argumentos «jurídicamente muy infantiles», dice Page
Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha calificado de «bochornoso» que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía para los involucrados en el ‘procés’ y ha denunciado que, además, ha aportado argumentos «jurídicamente muy infantiles, muy flojos».
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha opinado que el aval del Constitucional podrá ser legal «pero no es ético», y el de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pronosticado lo ha calificado como «la antesala de muchas desigualdades», mientras el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha afirmado que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, «trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas».
En X, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que la amnistía haya conseguido el aval del Constitucional porque «blanquea la corrupción de Estado», significa «impunidad» y «destrucción del poder judicial», «acaba con la seguridad jurídica», «criminaliza la vida política» y «desmoraliza la sociedad».
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha denunciado la «voladura del Estado de Derecho» con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía, que ha definido como «el mayor acto de corrupción política a manos de un tribunal».
