La Paz, 26 jun (EFE).- La polémica sobre la asonada militar del 26 de junio de 2024 en Bolivia persiste un año después de que el entonces comandante del Ejército, Juan José Zuñiga, tomara por unas horas la sede presidencial en La Paz, un hecho calificado por el presidente Luis Arce como un «intento de golpe de Estado», mientras que el militar -actualmente detenido- reafirma que fue organizado para levantar la popularidad del mandatario.
Hace un año, un contingente militar liderado por Zuñiga interrumpió la tranquilidad de la céntrica Plaza Murillo donde se concentra el poder Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, y destruyó con un tanque la puerta principal del Palacio Quemado, antigua sede de Gobierno.
Después de que Arce relevó al alto mando militar ese mismo día, Zuñiga y las tropas se replegaron, el excomandante fue detenido y desde entonces está recluido preventivamente en una cárcel en la región central de Cochabamba.
Durante su aprehensión, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para «levantar su popularidad», cuando en ese momento varios sectores sociales alistaban protestas contra el Gobierno.
El exjefe militar ratificó esa versión hace dos meses desde la cárcel a un medio argentino y otro boliviano, enfatizando que «para nada hubo un intento de golpe de Estado», sino que se limitó a cumplir «una orden» surgida de una conversación con Arce.
A raíz de esto, Zuñiga fue aislado por portar un celular dentro del penal y el director de Régimen Penitenciario de Cochabamba fue destituido.
Arce, en una reciente entrevista con EFE, dijo que su Gobierno soportó «todo» para «preservar la democracia», «inclusive un golpe de Estado», algo que consideró su principal legado cuando en noviembre próximo deba entregar el mando al vencedor de las elecciones generales del 17 de agosto.
Dudas y acciones
El exmilitar y experto en temas de seguridad Omar Durán dijo a EFE que lo ocurrido el 26 de junio fue «un acto de insubordinación» de Zuñiga, quien «se ha sentido traicionado» por Arce, que horas antes había decidido relevarlo del mando del Ejército, por lo que «no ha habido golpe» y «no ha sido un autogolpe».
También consideró que la supuesta intención de Zuñiga al decir que cumplió órdenes de Arce es «buscar un indulto» cuando asuma el nuevo Gobierno.
El diputado Renán Cabezas, del sector oficialista que respalda al exmandatario Evo Morales (2006-2019), declaró a EFE que la acción de Zuñiga «ha sido una farsa que el Gobierno ha querido implementar en el imaginario colectivo para victimizarse y mejorar su popularidad».
Por los hechos de hace un año se procesó judicialmente a más de una veintena de militares de distinto rango y a un civil de más de 70 años señalado de ser supuestamente el «autor intelectual» de la asonada militar, acusados por terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos.
La mitad de los acusados fueron detenidos preventivamente, mientras que el resto obtuvo detención domiciliaria o se benefició con el sobreseimiento del proceso.
Hace poco, el civil y algunos militares fueron sentenciados a dos años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado en el que aceptaron los cargos, pero que, según la legislación boliviana, no amerita prisión efectiva al ser una pena menor.
A mediados de abril, el entonces ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, ahora candidato presidencial del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), presentó el documental ‘Qué pasó el 26J’, con testimonios, audios y entrevistas del proceso judicial instaurado a partir del levantamiento militar.
El audiovisual mencionaba a varios analistas y sindicalistas críticos del Gobierno quienes supuestamente iban a ser parte del Gobierno cuando Zuñiga tomara la Presidencia, lo que derivó en una serie de citaciones y aprehensiones por parte de la Fiscalía.
Gabriel Romano Burgoa
