Bogotá, 8 sep (EFE).- El grupo de origen español Keralty dijo este lunes que recuperó la administración de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, luego de que la Corte Constitucional de Colombia dejara sin efecto la intervención hecha por el Gobierno en la compañía en abril de 2024.
«Hoy, tras tres años de lucha -diecisiete meses de ellos bajo una intervención ilegal, arbitraria y profundamente injusta, fruto de una persecución institucional que nunca debió suceder-, la Corte Constitucional ha restituido lo que nos fue arrebatado», señaló Keralty en un comunicado.
La empresa agregó que «hoy comienza una etapa» en la que harán «los mejores esfuerzos» para reparar «el daño causado por la intervención ilegal» en la EPS, que calificó de «devastador».
Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, fue intervenida por la Superintendencia de Salud el 2 de abril de 2024 alegando insolvencia de la empresa, que tenía entonces una deuda de 471 millones de dólares, debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.
Sin embargo, en junio pasado la Corte Constitucional anuló la intervención tras establecer que esa medida vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
«Este fallo histórico no solo reconoce la ilegalidad de la intervención a EPS Sanitas, sino que desenmascara una estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos», señaló Keralty en su comunicado de hoy.
La empresa dijo que, como consecuencia de la «supuesta transformación improvisada» del sector de la salud impulsada por el Gobierno, hay «pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos».
Por eso, Keralty exigió al Gobierno el «cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional», la reparación del daño causado a la empresa, sus profesionales y pacientes, y el «cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS».
Igualmente, pidió el «cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana».
El Gobierno colombiano, que ha intentado sin éxito que el Congreso apruebe una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido a varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con el servicio de atención al público, pero las asociaciones médicas denuncian que lejos de mejorar, esas compañías han empeorado.
