Madrid, 29 sep (EFE).- La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley, así como discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Así lo señala en un informe, enviado a la Fiscalía Europea, que analiza la adjudicación por parte de Red.es (entidad pública dedicada a la transformación digital) de lotes de dos contratos financiados con fondos europeos por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.
El informe cuestiona la forma en la que Red.es analizó las ofertas así como el sistema de puntuación y los pliegos y, por ejemplo, habla de un posible fraude de ley en el hecho de que no fuera un comité de expertos, sino la mesa de contratación, la que evaluase los criterios subjetivos.
Además, ve arbitrariedad y «una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica» en que se tuviesen en cuenta los acuerdos con terceros y las «cartas de apoyo» para valorar las ofertas presentadas, puesto que este elemento no figuraba en los pliegos y evaluarlo perjudicaría a otros licitadores «a los que se ha reducido injusta e ilegalmente» la puntuación.
Así, la UTE formada por Innova Next y por la escuela de negocios The Valley se habría beneficiado de haber incluido acuerdos con terceros, que salvo en un caso, el de Microsoft, solo se concretaron en «cartas de apoyo en las que figura una manifestación de intenciones que no obliga a nada».
La Intervención señala asimismo que «no es posible conocer cuántos puntos se han asignado por los mencionados acuerdos, ya que se asigna una única nota global por el total del apartado», aunque en las ofertas de las empresas se enfatiza su relevancia y en los informes de valoración «se hacen numerosas referencias».
El informe también destaca que esta UTE mencionó acuerdos que figuraban en anexos que no se aportaron, como el de Microsoft, o que aludió a un acuerdo con Amazon pero después solo incluyeron una carta de una sociedad denominada Amazing.
También ve la inspección incoherencias en los informes de valoración sobre las que la mesa de contratación no pidió aclaración, en una actitud que la Intervención califica de «pasiva».
La IGAE apunta además a que «incumpliendo la ley» se atribuya un 40 % de la valoración a «criterios cuya valoración depende de un juicio de valor», que en los pliegos no figuran criterios objetivos de calidad o que los documentos de los técnicos que valoraron las ofertas carecen de firma y tienen los metadatos borrados, lo que impide tener evidencias de su autoría.
La Fiscalía investiga contratos financiados con fondos europeos
La Fiscalía Europea investiga si hubo irregularidades en varios contratos que recibieron la recomendación de Begoña Gómez y que antes formaban parte de la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde tanto la mujer del presidente del Gobierno como el empresario Barrabés continúan imputados.
La Fiscalía Europea asumió esa denuncia por afectar a contratos para el desarrollo de actividades de formación, financiadas por el Fondo Social Europeo, puesto que es la encargada de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.
Al declarar ante el juez Peinado, Begoña Gómez aseguró que las cartas de recomendación que firmó eran «cartas tipo» que llegaron a la Universidad Complutense de Madrid que suscribían muchas empresas para apoyar un proyecto, pero en ningún caso a una empresa, y que ella nunca llegó a saber el desenlace de la adjudicación. Se trataba, dijo, de algo habitual.
