Madrid, 5 jun (EFE).- La Fundación Hay Derecho ha tildado este jueves de «anomalía institucional» y «partidismo» el abuso, desde 2019, del decreto-ley y ómnibus en el Congreso al superar las leyes ordinarias tramitadas, mientras que ve «preocupante» el creciente uso que hacen los partidos del Gobierno de las proposiciones de ley porque eluden trámites y restan garantías al proceso legislativo.
La fundación ha publicado su Informe Parlamento, un estudio que pone el foco en el funcionamiento de las Cortes Generales para identificar «disfunciones estructurales que afectan a las funciones constitucionales del poder Legislativo» y propone «reformas para reforzar su papel como eje del sistema democrático».
En primer lugar, el informe pone el foco en las proposiciones de ley que impulsa alguna de las formaciones del Gobierno y que tienen como finalidad, cree la fundación, «eludir el control» parlamentario al no tramitarse como proyectos de ley.
En 2024, el 34 % de las proposiciones registradas en el Congreso procedían de alguno o ambos partidos del Ejecutivo, una práctica que permite -alerta Hay Derecho- «eludir trámites» como «la consulta pública o la solicitud de informes a órganos consultivos, restando garantías al procedimiento legislativo».
Expertos y catedráticos que han dirigido el estudio apuntan a «un deterioro progresivo» de las cámaras parlamentarias como espacios de deliberación, representación y control y ven una «utilización partidista» de las proposiciones de ley que «no es inocua» y con la que se «elude deliberadamente los controles previos que aseguran la calidad normativa y la participación ciudadana».
En cuanto al uso de decretos-leyes, ha superado en el Congreso al de leyes ordinarias en los últimos años «consolidando una anomalía institucional» que «se agrava» con la utilización de decretos ómnibus, es decir los que agrupan medidas heterogéneas que «dificultan un debate parlamentario riguroso», lamenta la fundación.
«Asimismo, se ha incrementado notablemente la tramitación de urgencia y por lectura única, reduciendo los espacios de deliberación», advierte en el estudio y tacha todas estas situaciones de «desequilibrio alarmante entre Ejecutivo y Legislativo».
En el informe también se denuncia el uso abusivo de la prórroga de plazos de enmiendas, una práctica que bloquea la tramitación de leyes durante meses o incluso años.
Cita la fundación como ejemplo que desde el inicio de la legislatura «sólo siete de 41 proposiciones de grupos parlamentarios han superado esta fase», todas impulsadas por el PSOE, mientras que «las 16 proposiciones remitidas desde el Senado —todas del PP— permanecen congeladas».
Comisiones sin acuerdo
El control parlamentario también se ve «comprometido» por la escasa eficacia de mecanismos como las comisiones de investigación, de forma que, desde 1979, el 80 % de las mismas han concluido sin acuerdo y con mociones de reprobación a ministros que no prosperan ni tienen consecuencias.
Partidos y lobbies
Asimismo, el Informe Parlamento denuncia graves carencias en transparencia en las reuniones de los partidos «con grupos de interés».
Menos del 18 % de los parlamentarios publica estas reuniones, pese a estar obligados por el Código de Conducta, y la mayoría se limita a compartir su agenda institucional «sin recoger encuentros con lobbies o representantes sectoriales».
Limitar y erradicar fórmulas
Frente a esta situación, Hay Derecho plantea un conjunto de reformas estructurales, que van desde erradicar el uso de proposiciones de ley para iniciativas gubernamentales hasta limitar los decretos-leyes, principalmente los ómnibus.
También propone establecer obligaciones de transparencia específicas para grupos parlamentarios y agendas públicas de reuniones con lobbies.
