Sevilla, 4 abr (EFE).- Un total de 25 condenados en Andalucía por el Tribunal de Orden Público (TOP) en el franquismo, entre 1964 y 1975, han sido homenajeados este viernes en la Delegación del Gobierno en Sevilla en un acto encabezado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
El Ejecutivo ha entregado una declaración oficial de reconocimiento y reparación a los condenados por dicho tribunal en un acto que también ha contado con el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.
Al inicio se ha guardado un minuto de silencio por los tres trabajadores fallecidos en Coria del Río en el desplome de una nave, y se ha interpretado la canción popular ‘Los cuatro muleros’.
Han asistido representantes de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, familiares de los condenados, investigadores y personalidades relacionadas con la Memoria Democrática.
La sede de la plaza de España de Sevilla ha acogido también el espectáculo ‘Si me borrara el viento lo que yo canto’ con Máximo Pradera como narrador, Antonio López Serrano al piano y la soprano Laura Sabatel.
El secretario de Estado ha considerado que se trata de un día grande para la memoria democrática de Andalucía, porque el Gobierno de España rinde homenaje a 25 luchadores por la libertad y la democracia, condenados a cárcel injustamente por defender libertades democráticas y derechos fundamentales.
“Actos como este, para los que fueron víctimas del franquismo, son más necesarios que nunca, cuando asistimos al avance de las extremas derechas”, ha sentenciado, al tiempo que ha recalcado que sin memoria no hay democracia.
El presidente de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Antonio Naranjo, ha recordado que los andaluces, en el conjunto del país, fueron “los más castigados de España, pero también los más resistentes”.
Entre las personas homenajeadas figuran trabajadores del comercio, operadores de trenes u oficinistas de Renfe, de profesiones liberales como modista, mecánico tornero o comerciante, y también jornaleros, intelectuales, militantes políticos antifranquistas o impulsores de los sindicatos de clase.
En su mayoría, fueron condenados a penas de entre seis meses y tres años de prisión bajo el argumento de asociación ilícita, propaganda ilegal, manifestaciones no pacíficas, sedición o desórdenes públicos, y en un gran número de casos tuvieron que retirarse al exilio, además de ser despedidos de sus trabajos.
