Guayaquil (Ecuador), 21 sep (EFE).- El subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, alertó este domingo de una supuesta «amenaza» realizada por la embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Mónica Palencia, a la Corte Constitucional, que analiza un decreto del presidente Daniel Noboa sobre un referéndum para instaurar una Asamblea Constituyente.
«Con argumentos inverosímiles, la embajadora de Ecuador ante OEA amenaza a los magistrados de la Corte Constitucional con acciones penales por cumplir con su trabajo», escribió Pappier en su cuenta de la red social X, donde compartió una publicación de Palencia en la que aseguraba que si los jueces se pronuncian sobre el decreto presidencial estarían «cometiendo un delito».
«Una señal más de que la crisis constitucional en Ecuador exige la atención del Consejo Permanente de OEA», añadió el subdirector regional de HRW.
Palencia, que también fue ministra de Gobierno e Interior y funcionaria de gran confianza de Noboa, aseguró sobre la medianoche del sábado que si el pleno de la Corte Constitucional emite un dictamen sobre el decreto «estaría prevaricando» dado que «ya se pronunció con respecto al decreto previo (mismo tema)».
La noche del viernes, los jueces constitucionales suspendieron de manera provisional un decreto con el que Noboa convocaba a un referéndum para preguntarle a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con la instalación de una Asamblea Constituyente, que emitió sin tener la validación previa de la Corte, como establece la Constitución.
Esto llevó a que el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara la mañana del sábado el inicio del periodo electoral para la celebración de un referéndum previsto para noviembre sin tratar la convocatoria relacionada con la Constituyente, con la que Noboa busca sustituir la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Los consejeros solo incluyeron otras dos preguntas sobre la instalación de bases militares extranjeras y el financiamiento público de las organizaciones políticas que sí habían sido avaladas por los magistrados.
Sin embargo, por la tarde, Noboa derogó el decreto suspendido y emitió otro con la misma convocatoria, con el objetivo de que el CNE conozca la propuesta sin un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El ente electoral se volvió a instalar horas después, pero decidió enviar la pregunta sobre la Asamblea Constituyente a la Corte, y le pidió a los jueces que emitan un dictamen lo más pronto posible.
«Ninguna autoridad que tomó postura (y lo hizo el pleno de la Corte Constitucional) puede ahora volver a conocer y si lo hace, DELINQUE», escribió Palencia en X.
La embajadora aseguró que la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia «deberían estar actuando ya, a fin de prevenir el cometimiento de una infracción penal».
La convocatoria a la Asamblea constituyente se realiza en medio de una pugna que mantiene Noboa con los jueces de la Corte Constitucional, quienes desde su Gobierno han sido catalogados como «enemigos de la ciudadanía» después de limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante.
Los jueces constitucionales han negado también cuatro preguntas del referéndum propuestas por el presidente, decisiones que lo llevaron a liderar dos multitudinarias marchas contra los magistrados en Quito y Guayaquil.
