Guayaquil (Ecuador), 20 sep (EFE).- El subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, llamó este sábado al Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) y al presidente Daniel Noboa a acatar la decisión de la Corte Constitucional que suspendió de manera provisional la convocatoria a un referéndum para la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna, llamamiento emitido sin el dictamen favorable previo de este mismo tribunal.
«La Corte Constitucional de Ecuador ha dictado medidas cautelares suspendiendo el llamado a una consulta popular para convocar una Asamblea Constituyente. El Consejo Nacional Electoral y el presidente Daniel Noboa deben acatar esta decisión», aseguró Pappier en su cuenta de la red social X.
El alto tribunal emitió esta decisión a última hora del viernes, tras aceptar a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas después de que, en la mañana, el presidente Noboa convocó -mediante decreto- a un referéndum, sin que la pregunta sobre la instauración de una Asamblea Constituyente hubiera obtenido el visto bueno de los jueces, tal como establece la normativa.
La Corte Constitucional señaló -en un comunicado- que las decisiones se tomaron «en estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos».
Según la Constitución, un referéndum solo puede ser convocado después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.
Los jueces ordenaron al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que se abstengan de tramitar cualquier actuación en torno a la ejecución del decreto ejecutivo en el que se realizaba la convocatoria al referéndum.
Sin embargo, el pleno del CNE tiene previsto instalarse este sábado para conocer y resolver respecto a la declaratoria de inicio del proceso electoral del referéndum y consulta popular 2025, donde además deberá tratar otras dos convocatorias que hizo el viernes Noboa, sobre preguntas relacionadas a la instalación de bases militares extranjeras y la financiación con recursos públicos de las organizaciones políticas, cuestionamientos que sí fueron avalados por los jueces.
La polémica convocatoria para poner en marcha el proceso de una Asamblea Constituyente coincide con la lucha abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a la que acusó de hacer «activismo político», tras limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante y que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad, al advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
La Asamblea Constituyente, con la que Noboa busca sustituir la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue una de sus más grandes promesas de la campaña electoral en la que logró ser reelegido como gobernante de Ecuador en abril pasado, para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.
La convocatoria a este referéndum se da además en un contexto de una alta tensión social, tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que ha llevado al movimiento indígena y a otras organizaciones sociales a convocar protestas contra el alza del precio de este combustible, que de la noche a la mañana pasó de costar 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Frente al anuncio de protestas, el Gobierno ha advertido que detendrá y denunciará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras y Noboa ha declarado el estado de excepción en ocho de las veinticuatro provincias del país, a la vez que ha impuesto en cinco de ellas un toque de queda nocturno.
