Santa Cruz/La Paz, 17 sep (EFE).- La Cámara Automotor Boliviana (CAB) rechazó este miércoles la propuesta de una posible legalización de carros indocumentados, tal como plantea el candidato presidencial opositor el centrista Rodrigo Paz, al considerar que atenta contra uno de los principales rubros formales que más aporta a la economía del país.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, dijo a EFE que la oferta electoral de Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) «es preocupante y lamentable porque atenta contra las empresas formales», además de que origina «una desventaja muy grande» respecto al negocio de los autos indocumentados, también conocidos en Bolivia como chutos.
«Es un hecho que están acá (en Bolivia), calculamos que hay un millón (de vehículos indocumentados), se trata de una avalancha», lamentó el representante de la CAB, que agrupa a las empresas encargadas de importar vehículos nuevos.
Salvatierra dijo que, desde el momento en que se comenzó a hablar de la legalización de los autos indocumentados, comenzó a percibirse el movimiento de gente hacia las fronteras, entre ellas varios extranjeros, dedicados a la importación ilegal de estos carros que, se presume, provienen de robos, contrabando y lavado de dinero.
Según la CAB, Bolivia posee un parque automotor de 2,5 millones de unidades, de las cuales 1,7 millones corresponden a vehículos de cuatro ruedas, mientras que se estima que hay alrededor de un millón de vehículos ilegales.
«Lo que nosotros pedimos es que controlen la frontera, porque pueden duplicar la cantidad que están trayendo», indicó Salvatierra.
También señaló que el ingreso de esos automóviles empeorará la situación económica de Bolivia, que desde el año pasado padece la falta de combustibles como el diésel y la gasolina, mismos que reciben subvención estatal.
A esto se suma la falta de liquidez de dólares desde principios de 2023, que ha generado un mercado paralelo de venta de la divisa, en el que cada dólar cuesta casi 13 bolivianos, lo que contrasta con el tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos.
Salvatierra explicó que la falta de dólares complica la compra de nuevas unidades en el exterior. Además, señaló que las firmas automotrices últimamente se rehúsan a enviar más vehículos a Bolivia por los reclamos de clientes que reportan averías causadas en los motores por el tipo de combustible que se distribuye en el país.
Según los registros de la CAB, anualmente el rubro formal automotriz genera 3.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones corresponden a impuestos por la importación de las unidades cero kilómetros que ingresan legalmente al país.
La propuesta de legalización de los coches sin documentos ha generado tensiones con autoridades chilenas, que consideraron que el solo anuncio de esa medida ha provocado un incremento en el robo de vehículos en su territorio.
Por su parte, los transportistas bolivianos han rechazado la propuesta de Paz, porque consideran que la legalización saturará las ciudades y perjudicará sus fuentes laborales.
El Gobierno de Chile también criticó la propuesta de Rodrigo Paz de legalizar los autos ya que consideraron que la mayoría de estos fueron robados, en su mayoría, en Chile.
«Establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea», señaló hace dos semanas el ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde
Paz, que ganó las elecciones del 17 de agosto con el 32,06 % de los votos, seguido por el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que obtuvo el 26,70 %, ambos se enfrentarán en la segunda vuelta el 19 de octubre.
