Quito, 14 ago (EFE).- El pulso iniciado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional (CC) abre un periodo de inciertas consecuencias, ya que el tribunal debe dirimir la legalidad de las últimas leyes promovidas por el mandatario por la vía urgente para combatir el crimen organizado, pero que acumulan demandas por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
Noboa lideró el martes una nutrida marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión parcial y de forma cautelar de tres leyes que considera indispensables para avanzar en su lucha contra la inseguridad.
Pero para el analista político Santiago Basabe, las decisiones provisionales recientemente tomadas por la Corte, no tienen efectos sobre los niveles de inseguridad vistos en el país, que cerró el primer semestre de este año como uno de los más violentos de la historia con más de 4.600 homicidios.
Sin embargo, en el recorrido de la marcha aparecieron carteles con los rostros de los nueve jueces del tribunal, en los que se les señalaba por «robarle la paz» a los ecuatorianos, al haber suspendido parcialmente las leyes.
Colocar los rostros de los jueces de la Corte «bajo la idea de que son los responsables de quitarle la paz al país es un acto de bajeza humana y miseria política», señaló Basabe en sus redes sociales.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tüürk, tachó de «inaceptables» los ataques contra los magistrados, mientras que Amnistía Internacional (AI) defendió que la CC debe operar sin presiones políticas.
¿Autoritarismo?
Las voces más fuertes por la acción de Noboa llegaron desde el movimiento indígena de Ecuador y el opositor movimiento correísta rechazando lo que consideraron ataques e «intimidaciones» a la CC y advirtieron de señales de «autoritarismo».
«Estamos en un hiatus después de la prueba de pulso del martes. Asumo que se realizan comunicaciones entre la CC y los poderes Legislativos y Ejecutivo al más alto nivel», dijo a EFE el analista José Javier Orellana al ser consultado sobre las consecuencias futuras de la reciente manifestación.
Por lo pronto, la Asamblea Nacional ya ha anunciado que pedirá a la Corte Constitucional que difiera una audiencia fijada para el próximo lunes en la que buscará defender la constitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, una de las tres polémicas normativas impulsadas por Noboa.
Seguridad, la prioridad
Orellana recordó que desde que asumió el cargo en noviembre de 2023 y logró la reelección en abril pasado, Noboa ha priorizado el combate a la violencia relacionada con el narcotráfico mediante medidas militarizadas, incluyendo la declaración de un «conflicto armado interno» en enero de 2024 y la promulgación de leyes mediante decretos ejecutivos o procesos legislativos urgentes.
Estas incluyen la Ley Orgánica de Inteligencia, la Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública, las tres aprobadas recientemente.
Pero el 4 de agosto, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente 17 artículos de estas tres leyes, alegando violaciones a derechos como la privacidad, el debido proceso y la libertad de expresión, dijo al anotar que, por ejemplo, suspendió la vigilancia sin supervisión judicial y los indultos presidenciales para las fuerzas de seguridad investigadas.
Único contrapeso activo ante Noboa
La CC es el único poder que durante estos casi dos años de mandato ha sido un contrapeso para algunas de las decisiones de Noboa.
Sin embargo, ya existe el antecedente de que el mandatario ha hecho caso omiso a dictámenes de la Corte, como el de crear una comisión para evaluar que no se siga perpetuando el estado de excepción y el de no delegar la Presidencia en la vicepresidenta que designó por decreto durante la campaña electoral, en lugar de Verónica Abad, con quien llegó al Gobierno.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo recientemente que la CC «no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el trabajo del bloque de seguridad, negándonos estados de excepción continuamente y ahora esto», en referencia a la suspensión de artículos de las polémicas leyes.
Noboa quiere juicios políticos a jueces
Y sin solucionarse aún el tema de los artículos suspendidos, se abre un nuevo capítulo en la tensa relación con el envío este jueves, por parte de Noboa a análisis de la Corte Constitucional, de cuatro preguntas para el referéndum que se prevé realizar el próximo 14 de diciembre.
Una de esas preguntas busca que la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo con que los jueces de la esa misma corte sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político.
