La Paz, 13 mar (EFE).- La indígena aimara Rosa Quiroga, quien estuvo en prisión cinco años por denunciar al entonces diputado Santos Paredes Mamani por acoso sexual, busca que el Estado boliviano asuma la reparación integral de los daños ocasionados por un proceso que considera injusto y, si es necesario, acudirá a organismos internacionales.
“Lo que estoy pidiendo es justicia, que se dé cumplimiento a la ley (…) me encuentro delicada de salud, estoy desempleada, estoy esperando desde cero, he sido perjudicada y traumada por el acoso sexual que he sufrido”, dijo Quiroga a EFE.
Quiroga consiguió la absolución judicial en 2023, después de la acusación que Paredes Mamani, exdiputado del partido Unidad Democrática (UD), y su suplente, Inés Lopez Quispe, presentaron en su contra por supuesta falsedad ideológica y abuso de firma en blanco, en lo que ella dice fue una represalia a su denuncia inicial contra el político.
Su defensa apeló el proceso para exigir una declaración de inocencia completa y que el Estado boliviano asuma la reparación integral de los daños ocasionados a la mujer indígena y, si es necesario, acudirían a organismos internacionales.
“Rosa Quiroga es el ejemplo de todo lo malo de la administración de la justicia en Bolivia”, aseguró su abogada Audalia Zurita.
El caso de Rosa Quiroga “es una criminalización a la denuncia a las mujeres víctimas de un espacio laboral machista, misógino, que no tolera que las mujeres levanten la voz”, afirmó Susana Saavedra, presidenta de la Fundación Construir.
Camino tortuoso
Rosa Quiroga, con 34 años, entró a trabajar a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara baja a principios de 2015, tras conocer a la entonces diputada suplente Inés Lopez para ser su “auxiliar de oficina”.
Al poco tiempo, dice Quiroga, empezaron las insinuaciones de Paredes, entonces presidente de la comisión, quien insistentemente le pidió que hiciera viajes con él y lo acompañara a eventos sociales para pasar tiempo a solas con ella.
“Me dijo: ‘yo soy el jefe y aquí vas a hacer lo que yo ordene’, (pero pese) a tanta insistencia nunca cedí”, recordó la mujer aimara.
Quiroga le contó el caso a López, quien le recomendó que “hiciera su trabajo” y le prometió que canalizaría su reclamo y que, de ser necesario, denunciaría a Paredes ante la Comisión de Ética de Diputados.
Rosa lo denunció ante la Fiscalía en noviembre de 2015 y posteriormente fue despedida. Al año siguiente, el Ministerio Público imputó a Paredes, pero el proceso tuvo suspensiones constantes.
En abril de 2017, al asistir a una nueva audiencia judicial por la denuncia que presentó, Rosa Quiroga fue detenida por una acusación que la diputada Lopez interpuso en su contra.
La abogada Zurita aseguró que Lopez envió “tres cartas” a la Comisión de Ética de la Cámara baja “denunciando los hechos ocurridos” contra Rosa Quiroga, pero la legisladora en 2017 cambió su versión al decir que “esos tres papeles ella (Lopez) los firmó en blanco”.
“En minutos me han llevado a celdas judiciales y estuve ahí 10 días en el calabozo (…) en la audiencia me han sindicado de terrorista (…) yo no tenía dinero, ni abogado”, afirmó Quiroga.
La mujer relató que no tenía una cama dónde dormir en prisión, bajó de peso y comenzó a sentir dolores en los huesos debido a las condiciones climáticas del penal.
“Estaba desnutrida y desahuciada. Mis cabellos (eran) blancos, andaba como una abuela de 80 años”, recordó.
Por recomendación médica, Rosa se cortó las largas trenzas y dejó la vestimenta tradicional de las cholitas, las aimaras bolivianas, debido a la anemia.
Tras cuatro años en prisión, Rosa salió del penal para cumplir detención domiciliaria, mientras que los jueces insistieron en que “se declarara culpable” para deshacerse de los trámites legales, según indicaron sus abogadas.
Attard señaló que esta situación “cuestiona los pilares de la independencia judicial”, el rol del sistema judicial y penal, la Magistratura y del poder Legislativo en el país.
Para la jurista Elena Attard, de la Clínica Jurídica de la Fundación Construir, Rosa es una “sobreviviente” de un caso en el que existió “tortura, tratos crueles y degradantes”.
Gabriel Romano Burgoa
