Guayaquil (Ecuador), 19 may (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) dijo este lunes que el proyecto de ley que el presidente Daniel Noboa envió el sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) para desarticular las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno “representa una grave amenaza contra los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado plurinacional de derechos”.
En un comunicado, la organización indígena, presidida por el excandidato presidencial Leonidas Iza, señaló que “lejos de responder a una verdadera urgencia económica”, la propuesta “constituye un intento inconstitucional por instaurar un régimen represivo, amparado en el ‘conflicto armado interno'” que Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas del crimen organizado.
El proyecto de ley busca que se establezca la autorización del uso de la fuerza de la Policía y Fuerzas Armadas como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, que se califique a los delincuentes como combatientes y que el presidente pueda anunciar que indultará a policías o militares procesados por hechos relacionados con el conflicto aún cuando los casos estén en investigación.
Además, plantea reformas al código penal para tipificar como delito la pertenencia a un grupo armado organizado, lo que será sancionado con hasta 26 años de prisión, mientras que quienes dirijan o financien a estas organizaciones podrán recibir condenas de hasta 30 años de cárcel.
También busca que se imponga “como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno” la prisión preventiva para los detenidos, que los allanamientos se realicen con “control posterior de un juez” y que haya procedimientos de juzgamiento expedito.
E incluye reformas a la Ley de Régimen Tributario y a otras normativas relacionadas con la seguridad y el lavado de activos.
“Desmantelar las estructuras del crimen organizado es una urgencia para el país. Sin embargo, este proyecto de ley evade las causas profundas del problema: el poder político, económico, y territorial que la ‘narcoeconomía’ ha consolidado con la complicidad de sectores del Estado y las élites económicas”, señaló la Conaie.
“Fortalecer un aparato represivo sin una voluntad real de enfrentar estas raíces profundas no hace más que perpetuar el ciclo de violencia, impunidad y exclusión social”, agregó.
El movimiento indígena dijo que el proyecto de ley otorga “poderes excesivos” al denominado Bloque de Seguridad, conformado por instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas junto a los ministerios de Interior y de Defensa, “sin control ciudadano ni límites claros”, lo que, agregaron, le permite “intervenir en ámbitos judiciales, financieros y migratorios sin rendición de cuentas”.
La Conaie hizo también un llamado a los nueve asambleístas del movimiento Pachakutik, el brazo político de la organización, para que no voten a favor de esta ley que, según ellos, “institucionaliza la represión, criminaliza la protesta social y entrega privilegios a las élites económicas”.
Algunos de ellos se aliaron con el oficialismo para que el exministro de Turismo Niels Olsen pueda ser nombrado como presidente del Legislativo.
Noboa declaró en 2024 el estado de “conflicto armado interno” con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado locales a las que pasó a denominar como “terroristas” y que son las principales causantes de la escalada de violencia que llevó al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023.
Y aunque el año pasado hubo una reducción de los homicidios, en 2025 la violencia ha vuelto a repuntar hasta alcanzar el promedio de un asesinato por hora, el inicio de año más violento de la historia de Ecuador.
