El Coca (Ecuador), 30 jun (EFE).- Un nutrido grupo de habitantes de comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana afectadas por un gran derrame de petróleo ocurrido en enero de 2020 exigieron este lunes justicia ante los efectos que, según denuncian, todavía sufren de ese desastre ambiental.
Concentrados frente a la Corte Provincial de Justicia de Orellana, en la ciudad de El Coca, los dirigentes indígenas exigieron al juez que lleva la demanda presentada por las comunidades que asista a las zonas afectadas y allí se desarrolle un «diálogo intercultural» que permita atender sus exigencias.
Hasta la sede judicial llegaron con muestras de agua contaminada con el objetivo de mostrar el estado en el que se encuentra en sus territorios, lo que según denuncian les ha dejado sin poder alimentarse a través de la pesca y también sin poder consumirla de los ríos.
Incluso exhibieron fotografías de presuntas afectaciones aparecidas en la piel de sus habitantes por el aparente contacto con agentes contaminantes que se encuentran en el agua de estos lugares.
La rotura simultánea de los dos principales oleoductos que tiene Ecuador provocó el vertido de más de 15.800 barriles de crudo en los ríos Coca y Napo, lo que afectó a más de 120.000 personas, entre ellas a más de 27.000 del pueblo kichwa que habita en diferentes comunidades situadas en las riberas de estos ríos.
Cinco años de batalla judicial
Después de que las cortes negaran justicia en primera y segunda instancia, la Corte Constitucional dejó sin efecto ambas sentencias en noviembre de 2024 y ordenó un nuevo tratamiento judicial que incluyera un verdadero diálogo intercultural con las comunidades afectadas.
El juez designado, Clemente Paz, inicialmente aceptó realizar dicho encuentro este lunes en territorio indígena, pero la semana pasada notificó que la diligencia se postergará.
«Pedimos justicia porque las comunas seguimos perjudicadas y mi pueblo está sufriendo. Nosotros queremos hablar en nuestras comunas. Queremos conversar mano a mano. Queremos justicia, nada más», señaló a EFE el presidente de la Federación de Comunas Unidas de Nacionalidad Kichwa de la Amazonía Ecuatoriana (FCNAE), Luis Andy.
El dirigente indígena advirtió que si no se toman soluciones volverán a ocurrir desastres similares, como se pudo comprobar dos semanas atrás cuando una nueva ruptura del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (Sote) también causó un derrame cuya cantidad no ha sido aún determinada oficialmente.
Andy insistió en que lo que buscan es que «(las autoridades) lleguen a las comunidades, para sentarnos, conversar y quedar con ellos». «Solo pedimos tener ese diálogo intercultural», insistió.
Enfermedades y muerte
Mientras, la dirigente Mery Jipa señaló que no se sienten respetados por el juez que lleva la causa y también hizo énfasis en el reciente derrame ocurrido a mediados de mes.
«Como madres y como mujeres nos sentimos muy afectadas. Ya no hay vida. Nuestros hijos se están muriendo y nuestros abuelos están enfermos. Somos seres humanos, tenemos hijos. No porque seamos kichwas vamos a vivir como sea. Como mujer y amazónica que soy, queremos que nuestros hijos no sufran, que estudien y se preparen», comentó Jipa.
A su vez, Mireya Noa señaló que el derrame trajo «enfermedades, muerte de animales y otras muchas más cosas».
«Desde que pasó el derrame, vivimos prohibidos de tomar agua del río. Solo tomamos agua de lluvia. No podemos consumir agua del río porque hasta ahora sigue contaminado», aseveró.
Por su parte, Darío Shiguango lamentó que el derrame trajo «pobreza y contaminación» y «hasta ahora está contaminado».
«Nos han quitado la pesca, el medio para nuestra alimentación, y la recreación en las playas, donde teníamos baños a las orillas del río. Nos han quitado la vida, nuestra parte vital, y las plantas medicinales de las orillas de los ríos», incidió Shiguango.
