Cochabamba (Bolivia), 7 may (EFE).- Las humillaciones y agresiones físicas, verbales e incluso sexuales sufridas por cinco trabajadoras municipales y una periodista durante un conflicto municipal en el centro de Bolivia generaron indignación y reclamos de reparación y justicia por parte de organizaciones de mujeres y gremios periodísticos.
El suceso ocurrió el lunes en Colcapirhua, una pequeña ciudad vecina de Cochabamba, la capital de la región homónima situada en el centro del país, en medio de un bloqueo callejero por el rechazo de los habitantes del primer municipio a que la basura generada en la segunda urbe se deposite en su territorio.
Las cinco trabajadoras de la Alcaldía de Cochabamba “fueron retenidas, agredidas y se atentó contra su integridad física y dignidad humana, incluyendo el repudiable acto de cortarles el cabello”, denunció la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento.
Con la ropa destrozada y ensangrentadas, las mujeres fueron obligadas a caminar descalzas por varios kilómetros y luego denunciaron entre lágrimas ante los medios que fueron golpeadas por la turba y que les robaron sus pertenencias.
Una periodista del canal privado Unitel que cubría el suceso fue “violentamente agredida por un grupo de choque que actuó con saña, brutalidad y con una clara intención de intimidarla y silenciarla”, denunciaron por su parte la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas.
Pese a identificarse como periodista, la informadora “fue golpeada, tocada en sus partes íntimas, despojada de sus equipos de trabajo y sufrió un desmayo producto de la agresión”, mientras que el cámara que la acompañaba “también resultó con lesiones”, agregaron.
La Red contra la Violencia a las Mujeres Cochabamba se movilizó este miércoles en esa ciudad para exigir una investigación “transparente” contra quienes realizaron estos “hechos vandálicos” y las sanciones eviten “que se vuelva a utilizar a las mujeres en este tipo de conflictos sociales”, dijo a EFE Mercedes Cortez, coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres.
Cortez, cuya entidad es parte de la red, expuso que en el conflicto hubo más de una veintena de personas agredidas, “pero a ningún varón se le ha despojado de la ropa, le han quitado los zapatos o se le ha cortado el cabello”.
“Eso demuestra que estamos en un país machista que somete solamente a las mujeres, que utiliza a las mujeres, que pisotea los derechos de las mujeres”, lamentó.
La Coordinadora de la Mujer señaló en sus redes sociales que “los conflictos sociales y políticos no son excusa para violentar los cuerpos de las mujeres”.
También exigió una “pronta investigación” y que haya “justicia para las afectadas” y sanciones para los responsables.
Los gremios periodísticos indicaron que el ataque contra el equipo de prensa de Unitel es “una flagrante vulneración a los derechos humanos y a la integridad de una mujer periodista” y también “constituye una agresión directa al derecho a la información y a la libertad de prensa”, fundamentales para la democracia.
Además lamentaron que la periodista fuera agredida cuando intentaba “proteger a dos mujeres que clamaban por ayuda en quechua” en medio del conflicto municipal.
Por esto, exigieron al Estado y las autoridades “una investigación inmediata, la identificación y sanción ejemplar de los responsables” del ataque y la reparación del daño sufrido por los informadores.
La Defensoría del Pueblo advirtió que estos actos “constituyen flagrantes vulneraciones a los derechos humanos” y demandó a las autoridades una “investigación exhaustiva e imparcial” para identificar a los responsables de los ataques y garantizar “el respeto y la protección del trabajo de la prensa”.
