Ailén Desirée Montes
São Paulo, 29 jul (EFE).- Empresas madereras de Brasil se vieron obligadas a optar por un régimen de vacaciones colectivas forzosas como «medida paliativa» ante la incertidumbre y la proximidad de la entrada en vigor este viernes del arancel del 50 % de EE.UU. a las importaciones brasileñas.
El anuncio del pasado 9 de julio del presidente estadounidense, Donald Trump, causó mucha inseguridad en el sector maderero brasileño, cuya producción nacional depende en aproximadamente un 50 % del mercado del país norteamericano, y lo ha llevado «al inicio de un colapso», según señaló en una nota la Asociación Brasileña de la Industria de la Madera Procesada Mecánicamente (Abimci).
Algunos segmentos madereros dependen exclusivamente de EE.UU. como, por ejemplo, las molduras, cuyas empresas han optado por instaurar un régimen de licencias colectivas “de más de dos o tres semanas” hasta que llegue alguna resolución de las negociaciones entre ambos Gobiernos, cuenta a EFE Paulo Pupo, superintendente de Abimci, que agrupa a más de 120 empresas del sector.
BrasPine, enfocada a la producción de molduras de pino con sede en los estados de Río Grande do Sul y Paraná, al sur del país, confirmó a EFE que otorgó licencias a 1.500 colaboradores, lo que representa el 60 % de su plantilla, la mayoría por treinta días.
Esa decisión estuvo «motivada por la pérdida de competitividad frente a otros mercados exportadores” y a la “expectativa” de que las conversaciones entre Brasil y Estados Unidos “avancen con responsabilidad diplomática y técnica», según afirmó en un comunicado.
Lo mismo sucede con el Grupo Ipumirim, ubicado en el estado sureño de Santa Catarina, que decidió optar por esta medida “temporal” mientras espera «la definición de las negociaciones», según divulgó en su cuenta de LinkedIn.
Sin plan B
Mientras algunos sectores comenzaron a barajar la posibilidad de ampliar su presencia en otros mercados, para las empresas de madera procesada la migración a nuevos destinos es «prácticamente imposible a corto y medio plazo» ya que requiere de mucho más que una mera negociación entre las partes.
«Muchos productos se fabrican específicamente para cumplir con los requisitos técnicos, especialmente de la construcción civil», por lo que «técnicamente hablando, no encajarían en otros mercados», explica Pupo.
Y cuenta que el «plan B» adoptado por las empresas hasta ahora fue «ganar tiempo» con estas medidas laborales de contingencia, como las vacaciones obligadas o la reducción de los turnos de producción, para «mantener los puestos de trabajo» hasta que llegue una resolución oficial del Gobierno.
Negociar las tarifas «a un nivel competitivo»
De mantenerse incólume el anuncio de Trump, el precio final de la madera procesada se vería afectado en un 50 % y esa tasa deberá ser abonada por la empresa importadora estadounidense.
Sin embargo, ante la negativa del importador a absorber integralmente ese impuesto adicional, «se podría intentar establecer un acuerdo y repartir» entre las empresas brasileñas y las anglosajonas.
Aunque lo más probable es que el importador se vuelque a «buscar soluciones más baratas en el mundo» y por eso es importante que el resultado de las negociaciones no posicione al sector maderero de Brasil en una situación de desventaja con respecto a otros países competidores.
«Es importante que las tasas se mantengan a un nivel competitivo. Y con cierta isonomía respecto al resto de los competidores de Brasil, como es el caso de Vietnam, Indonesia, el propio Chile, aquí en América Latina», relata.
Embarques en camino, ¿y ahora?
En paralelo, hace tres semanas partieron de los puertos brasileños destino a Estados Unidos unas 1.400 cargas de madera procesada que todavía están navegando y se espera que arriben después del viernes, el «día D» de entrada en vigor del arancel.
El representante de la patronal «espera» que esas mercancías puedan desembarcar sin sufrir el nuevo impuesto.
«Normalmente las buenas prácticas comerciales dicen eso. Nuestra expectativa es que suceda de esa forma», afirma. EFE
Ailén Desirée Montes