Madrid, 19 mar (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia convocará en abril una reunión sectorial con las comunidades autónomas para tratar la situación de los menores migrantes no acompañados que actualmente están en Canarias en la que, entre otros asuntos, se cerrará el reparto entre regiones.
Según ha informado este miércoles la ministra Sira Rego, esta sectorial no se va a retrasar más de un mes, un plazo “razonable” para que las comunidades puedan remitir los datos de ocupación de los centros de acogida al Ministerio y este finalice el cálculo del reparto bajo los criterios establecidos en el acuerdo que alcanzó el Gobierno esta semana con Junts, cifras que podrían verse modificadas dependiendo de estos números.
En declaraciones a los medios en el Congreso, la titular ha precisado que las comunidades deben remitir sus datos a 31 de marzo para que el Ministerio les remita una propuesta de reparto y empezar a trabajar para llevarlo a cabo.
Rego ha matizado que es posible que los números “hayan fluctuado” o se de una situación en la que algún gobierno regional quiera acoger a más niños ya que se repartirán recursos con un fondo extraordinario de 100 millones de euros.
Ha explicado que ya están trabajando en el desarrollo reglamentario del real decreto en el que se establecerán los criterios de sobreocupación, que actualmente no son comunes a todas las regiones.
“Las plazas de los centros de acogida se crean a demanda, a medida que hay niños en situación de desamparo, es lo que ha provocado que haya tanto desequilibrio”, ha añadido.
Por eso, ha dicho, el acuerdo entre el Ejecutivo y Junts es una oportunidad para establecer un criterio “justo” y “equitativo” para los territorios y generar un sistema “dimensionado” que opere “con criterio humanitario”.
Además, ha informado de que el ministerio está trabajando en otro real decreto de estándares del sistema de acogida que se va a empezar a tramitar esta semana y establecerá un sistema común.
En él se abordarán las condiciones de los centros, las ratios en esos espacios, la formación de los trabajadores y el acompañamiento a las personas acogidas.
También establecerán mecanismos sancionadores del Ministerio y aspectos relacionados con las inspecciones en los centros de acogida y tutela.
La ministra ha pedido “empatía” y “altura de país” a las comunidades del PP para llevar a cabo el reparto de cerca de 4.400 niños y niñas que, según ha dicho, “no pueden suponer un problema” después del ejemplo que dio España con la llegada de refugiados ucranianos.
Preguntada sobre la posibilidad de que estas comunidades se opongan al reparto, ha dejado claro que las leyes deben cumplirse y que espera la colaboración de los populares aunque ha matizado que, en todo caso, existen mecanismos para sancionar “de manera oportuna” a quien se oponga.
También ha dicho que espera que estas comunidades compartan sus datos actualizados, pero ha adelantado que si no lo hacen aplicarán los que tienen de 2023.
