San José, 29 ago (EFE).- El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecuta una práctica sistemática de desapariciones forzadas en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018, según un informe elaborado por un grupo de organismos defensores de los derechos humanos y divulgado este viernes.
«La evidencia más reciente de la extrema crueldad de esta práctica es la muerte del preso político Mauricio Alonso Petri, detenido el pasado 17 de julio por oficiales de la Policía», señaló ese informe elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica, Raza e Igualdad, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.
Según esos organismos, el opositor nicaragüense estuvo 38 días bajo desaparición forzada, hasta que el pasado 25 de agosto su familia fue convocada al Instituto de Medicina Legal, en Managua, para reconocer su cadáver.
El informe, divulgado la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, revela que las desapariciones forzadas se han consolidado «como el rostro más cruel de la represión y la prisión política» en Nicaragua desde abril de 2018.
Denuncian «plan criminal»
El estudio documenta cómo el régimen de Ortega y Murillo utiliza la desaparición forzada como mecanismo de castigo y control social, afectando no solo a las personas detenidas, sino también a sus familias, condenadas a una búsqueda interminable en medio del silencio oficial.
“Cada desaparición deja vidas suspendidas: las de quienes son borrados por el Estado y las de quienes, desde afuera, sostienen la vida, la memoria y la resistencia”, subraya el documento.
De acuerdo con el informe, la mayoría de las más de 2.000 detenciones políticas registradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los últimos siete años han estado vinculadas a desapariciones forzadas.
Las víctimas son trasladadas a centros clandestinos, a veces a torturas físicas y psicológicas, y privadas de contacto con sus familiares o abogados, según la investigación.
Desde 2023, las desapariciones forzadas han pasado de durar pocos días a convertirse en procesos abiertos, sin identificar aún límite temporal, amparados en la opacidad del sistema judicial, advierte el estudio.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció que esta práctica responde a un “plan criminal” del Gobierno Ortega-Murillo para neutralizar cualquier disidencia y garantizar su permanencia en el poder.
Asimismo, el informe alerta de que las desapariciones forzadas afectan con especial crueldad a mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, líderes indígenas y personas con enfermedades crónicas.
Se ensañan con mujeres
Mujeres presas políticas han denunciado violencia sexual y torturas específicas relacionadas con la violencia de género, mientras que adolescentes sometidos a un aislamiento prolongado desarrollaron ideas suicidas, de acuerdo con el estudio.
El informe también dedica un apartado al impacto de estas prácticas en las personas buscadoras, en su mayoría mujeres, quienes enfrentan hostigamiento, desinformación, costos económicos insostenibles y graves afectaciones emocionales.
«Muchos son madres, hijas o esposas que cargan con la doble responsabilidad de sostener a sus familias y de mantener viva la búsqueda. «¿Dónde más busco?», relató la esposa de un desaparecido en diciembre de 2024, que omitió su nombre por razones de seguridad, según el informe.
Las organizaciones exigieron al Estado nicaragüense poner fin a la política de desapariciones forzadas y prisión política, liberar de inmediato a las personas detenidas por motivos políticos, e implementar mecanismos independientes de verdad y justicia.
Asimismo, llamaron a la comunidad internacional a mantener la vigilancia activa, exigir responsabilidades y garantizar acompañamiento a las víctimas y buscadores.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde hace ya siete años, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y de «traidores a la patria».EFE
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