San Salvador, 29 jul (EFE).- Una corte penal de El Salvador instaló este martes un nuevo juicio, ordenado por una cámara de apelaciones, contra ocho personas, incluidos cinco líderes comunitarios, por el supuesto homicidio de una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil.
Los jueces del Juzgado de Sentencia de San Vicente, previo al inicio formal de la audiencia, escucharon algunas peticiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los abogados defensores.
La FGR pidió incorporar el cargo de privación de libertad para que los acusados lo enfrenten junto con los de asesinato y asociaciones ilícitas.
Además, solicitó la exclusión de un documento presentado por la defensa que señala que la muerte de la víctima se dio en 1987 y no en 1989.
Los tres jueces acordaron posponer la decisión sobre las peticiones hasta la emisión de la sentencia.
En el inicio de este nuevo juicio, que se espera se extienda hasta el 31 de julio, no se presentaron los ambientalistas, provenientes de la remota localidad de Santa Marta.
En 2024, una corte penal dictó en una resolución el sobreseimiento del proceso, pero esta decisión fue revertida por un tribunal de apelaciones, que ordenó un nuevo juicio en otro juzgado.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, que son procesados desde enero de 2023 y pertenecen a la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES).
También es procesado Fidel Recinos, que no pertenece a la remota comunidad de Santa Marta -de la que son residentes los ambientalistas-, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.
Además están incluidos en la causa penal Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos -uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a la guerra interna- y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General señaló en su momento que «todos los procesados» son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso.
