Logroño, 13 ago (EFE).- La Guardia Civil en La Rioja ha intervenido 430 kilos de caracoles silvestres, que iban a ser transportados hasta la provincia de Albacete para su venta ilegal y sin control sanitario, lo que suponía un grave riesgo para la salud pública.
La intervención se ha realizado en uno de los controles de la Guardia Civil para prevenir la comercialización irregular de productos alimentarios, especialmente aquellos que proceden de la recolección en entornos naturales y que no cumplen los requisitos legales para su consumo.
La furgoneta que transportaba los caracoles fue interceptada en el término del municipio riojano de Rincón de Soto, sin sistema de refrigeración y con la mercancía, distribuida en 16 cajas, sin etiquetado identificativo ni documentación que acreditara su procedencia.
Durante la inspección, el conductor admitió que la mercancía procedía del mercado ilícito y que los caracoles eran recolectados en campos de alcachofas de la zona, donde los adquiría a diario para almacenarlos en una nave equipada con cámara frigorífica.
Según explicó, en dicha nave les colocaba etiquetas antes de transportarlos a la provincia de Albacete para su venta.
Tras ello, la Guardia Civil tramitó la propuesta de sanción por infracción grave a la Ley de Ordenación de los Transportes, debido a la carencia, falta de diligenciado o ausencia de datos esenciales en la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria, lo que conlleva una multa que puede oscilar entre 401 y 600 euros.
Seguidamente, los hechos fueron puestos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que se desplazó hasta la nave junto a veterinarios del Gobierno riojano.
En la inspección, encontraron en una cámara frigorífica otros 270 kilos de caracoles y caracolas almacenados, que también carecían de trazabilidad sanitaria, por lo que la carga fue inmovilizada y decomisada para evitar su salida al mercado y prevenir posibles riesgos graves para la salud.
Tras esta intervención, los agentes interpusieron una denuncia administrativa, al amparo de la normativa sobre seguridad alimentaria y nutrición, la que se sumó otra denuncia adicional por vulnerar la normativa vigente en materia de sanidad alimentaria, etiquetado y transporte de mercancías perecederas, con multas que pueden alcanzar los 5.000 euros.
Asimismo, y en relación a este mismo caso, los agentes interpusieron otra denuncia al amparo de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que prohíbe dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, lo que puede constituir una infracción grave sancionada con más de 3.001 euros.
La Guardia Civil hace un llamamiento a la ciudadanía para que adquiera productos únicamente en establecimientos autorizados y debidamente identificados.
