Soria, 8 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su apoyo a Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada y que ha denunciado haber recibido amenazas desde la prisión de Brieva (Ávila), y ha asegurado que “recientemente” se han reunido con ella el secretario de Estado de Seguridad y el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Después de que este pasado miércoles Patricia Ramírez denunciara públicamente que Ana Julia Quezada la estuviese amenazando desde la prisión donde cumple condena y que sentía una “total falta de protección institucional”, el ministro ha asegurado que lo ocurrido está judicializado y hay que dejar que la investigación se desarrolle.
“Mi mayor solidaridad, como no podía ser de otra forma, con Patricia Ramírez. Evidentemente esa solidaridad, creo que desde el ministerio y desde Instituciones Penitenciarias, la hemos mantenido desde el primer momento, manteniendo incluso yo alguna entrevista con ella”, ha declarado Grande-Marlaska, que ha detallado que “recientemente” se reunieron con ella el secretario de Estado de Seguridad y el secretario general de Instituciones Penitenciarias.
“Siempre han estado a disposición de Patricia Ramírez para colmar cualquiera de sus preocupaciones y dar las explicaciones necesarias y precisas, como es evidente. Nuestra obligación, en ese sentido, es de absoluta empatía con ella”, ha añadido el ministro, quien ha insistido en que se ha puesto todo en conocimiento de la autoridad judicial para colaborar y cooperar, y más en una cuestión de esta sensibilidad.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila investiga a un funcionario de la prisión de Brieva por, supuestamente, haber facilitado a Ana Julia Quezada -condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018- un teléfono móvil a cambio de sexo.
El funcionario está investigado por un delito de cohecho mientras que el Juzgado sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, explicó que son dos los trabajadores del centro penitenciario que investiga la Guardia Civil al haber proporcionado supuestamente un “trato de favor” a Ana Julia Quezada, “a cambio de recibir favores sexuales” por parte de la condenada.
