Bogotá, 14 sep (EFE).- Las sentencias que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitirá el próximo martes contra siete miembros del último secretariado de la guerrilla de las FARC que reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes relacionados con el cautiverio, son producto de más de siete años de investigaciones de ese tribunal.
La JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y las FARC para administrar justicia transicional, investigar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
Los otros dos componentes de este sistema son la Comisión de la Verdad, cuyo informe final fue presentado en junio de 2022, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Las siguientes son las claves de la JEP y sus actuaciones:
1. El mandato
La resolución que creó la JEP fue expedida el 4 de abril de 2017 y la duración de este tribunal no puede ser superior a 20 años para conocer los delitos del conflicto armado cometidos hasta el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigor el acuerdo de paz.
Ante la imposibilidad de investigar todos los crímenes, la JEP ha priorizado los delitos más graves y representativos del conflicto cometidos por las FARC, miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.
2. Investigación colosal
El universo investigado comprende más de 250.000 crímenes que involucran a 15.020 responsables que se han sometido a la justicia transicional.
Medio siglo de conflicto dejó más de nueve millones de víctimas de todo tipo, cifra que sigue en aumento, de las cuales 12.398 se han acreditado de manera individual ante la JEP y 412 lo han hecho como sujetos colectivos.
La JEP comenzó sus trabajos el 15 de marzo de 2018 y en siete años y medio que lleva en funcionamiento ha formulado 264 imputaciones contra «máximos responsables» por crímenes de guerra y de lesa humanidad, de los cuales 147 han aceptado su responsabilidad.
3. Once macrocasos
La línea de investigación está dividida en once macrocasos que aglutinan los hechos más graves del conflicto armado, comenzando por el 01, sobre los secuestros, «graves privaciones de la libertad y otros crímenes» cometidos por las FARC.
El 03 es por «asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado» y el 06 es por «victimización de miembros de la Unión Patriótica», partido de izquierda exterminado en los años 80 y 90.
El 07 investiga el «reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado», el 08 es por «crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares», y el 09 tiene que ver con «crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos».
El 10 es por «crímenes no amnistiables cometidos por las FARC», y el 11, por «violencia basada en género y violencia sexual», mientras que el 02, el 04 y el 05 son por violencia territorial en distintas regiones.
4. Primeras sentencias
Las primeras sentencias serán emitidas el martes por los secuestros de las FARC, proceso en el que la JEP tiene un registro provisional de 21.396 víctimas entre 1993 y 2016, de las cuales 4.325 se han acreditado ante el tribunal.
Los comparecientes son los últimos jefes máximos de las FARC: Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko; Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez).
Dos días después, leerá las primeras sentencias del macrocaso 03, contra 12 exmilitares del Batallón La Popa acusados de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos en el norte del país entre enero de 2002 y julio de 2005, hechos por los que hay registro de 135 víctimas directas.
5. Sanciones restaurativas
Quienes reconozcan su participación en los crímenes y contribuyan a la verdad recibirán sanciones de carácter restaurativo, con restricción pero sin privación de la libertad, combinadas con trabajos de contenido reparador en beneficio de las víctimas.
Para los «máximos responsables» las sanciones son de entre cinco y ocho años, y para los demás, de entre dos y cinco años.
Los comparecientes que no reconozcan su responsabilidad, aunque la JEP tenga pruebas en su contra, enfrentarán juicios adversariales en los que pueden ser condenados a penas de 15 a 20 años de cárcel.
6. Supervisión de la ONU
El Estado debe crear las condiciones para el cumplimiento de las sanciones restaurativas, que serán supervisadas por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Para las FARC, los primeros proyectos restaurativos serán de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, reparación de la memoria y recuperación ambiental.
En el caso de los exmilitares, deberán hacer trabajos de reconstrucción de memoria, fortalecimiento de procesos comunitarios, garantías de no repetición y recuperación de espacios significativos para las víctimas.
