Quito, 10 jun (EFE).- La justicia ecuatoriana investiga por presunta concusión a la jueza Nubia Vera, conocida porque el año pasado denunció haber recibido amenazas antes de un juicio en el que falló a favor de la ahora exvicepresidenta Verónica Abad, dejando sin efecto una suspensión de cinco meses que le impuso el Ministerio del Trabajo por supuesto ‘abandono injustificado de cargo’.
En el caso denominado ‘Mueble fino’, la Fiscalía y la Policía ejecutaron la madrugada de este martes un allanamiento en Quito, con el fin de recabar indicios relacionados con la denuncia presentada contra la jueza.
Según dicha denuncia, «en su calidad de magistrada, habría solicitado dádivas -incluidos muebles de alto costo- así como dinero, a cambio de ‘favorecer’ a un ciudadano en un juicio que se procesaba en su despacho», indicó la Fiscalía en su cuenta de X.
Ajuntó fotografías del allanamiento sin precisar si se trataba de la vivienda de Vera, aunque en una de las paredes se aprecia un retrato suyo, y en otra se ve de espaldas a una mujer que aparentemente es la magistrada.
El delito de concusión se comete cuando un servidor público o una persona con potestad estatal, abusando de su cargo o funciones, exige o ordena la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, ya sea directamente o a través de terceros.
Fallo en favor de Abad
El pasado 23 de diciembre, Vera dejó sin efecto la suspensión de 150 días sin remuneración que el Ministerio de Trabajo impuso a Abad, quien mantuvo un enconado enfrentamiento con el primer mandatario Daniel Noboa, durante todo el período para el que fueron elegidos en las urnas (noviembre 2023-mayo 2025).
Vera aceptó la acción de protección interpuesta por Abad luego de que el Ministerio de Trabajo le sancionara tras abrirle un sumario administrativo, lo que le impedía asumir la Presidencia si Noboa pedía licencia durante todo el período de campaña electoral para la reelección, algo que finalmente no hizo.
La suspensión se basó en que, cuando el Gobierno aceptó trasladarla desde Israel (donde era embajadora) a Turquía por las crecientes tensiones en Oriente Medio, no viajó en el plazo fijado, si bien Abad sostenía que sí lo hizo dentro del tiempo permitido por la ley.
Esa sanción le impedía asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral que se desarrolló entre el 5 de enero y 9 de febrero de 2025, y la correspondiente a la segunda vuelta de abril, en la que fue reelecto Noboa, y se dio después de que Abad denunciara a Noboa por supuesta violencia política de género, al acusarlo de liderar un presunto acoso hacia ella para forzarla a dimitir.
¿Amenazas?
Al término de la audiencia del 23 de diciembre, Vera denunció haber recibido amenazas por el caso.
«Son más de diez años los que tengo en el servicio de la justicia, y es la primera vez que he sido coaccionada, amenazada, amedrentada», dijo al aseverar que, incluso, tenía «a buen recaudo» una «flash memory» donde presuntamente le indicaban cómo debía fallar en el caso.
La jueza indicó entonces que días antes, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el director provincial, Henry Gaybor, y el asesor, Jorge Carrillo, llegaron a visitar las instalaciones de la Unidad Judicial.
«Pero realmente -dijo- fueron a ingresar a mi despacho a entregarme un ‘pen drive’, que está a buen recaudo, (con información) de cómo yo tenía que fallar en esta acción de protección», aparentemente contra la solicitud de Abad.
Visiblemente molesta, la jueza reveló en ese momento que denunciaba los hechos porque su carrera estaba en juego: «No es justo que vengan a amedrentar a un juez, a interferir porque yo le dije ‘déjenme hacer mi trabajo'».
La jueza aseveró entonces que le amenazaron con la destitución y alertó por si algo le pasa a ella o a sus hijos.
Consultado este martes en la televisión Teleamazonas sobre la investigación de concusión contra Vera, Godoy dijo que solo conoce lo que se ha publicado en redes sociales, y aprovechó para solicitar a la asociación de magistrados y a los jueces que no están dentro de algún gremio que «dejen un falso espíritu de cuerpo» y que «ayuden a depurar a las filas de la función Judicial».
