Barcelona, 12 jul (EFE).- El doctor en Derecho y letrado del Parlament de Catalunya Joan Ridao considera que «no es fácil» frenar los discursos de odio de los diputados, tanto en el Parlament como en otras cámaras legislativas, porque ahora los tribunales dan «un margen más amplio» a su libertad de expresión.
En una entrevista con EFE por la publicación de su libro «Dret Parlamentari de Catalunya» (Atelier Llibres Jurídics), Ridao (Rubí, 1967) ha augurado que hay que «acostumbrarse» a una mayor permisividad legal con la libertad de expresión de los diputados, ya que los discursos de odio son ahora «más difíciles de perseguir desde el punto de vista penal».
Partiendo de la base de que la libertad de expresión de los parlamentarios se considera «más cualificada» que la del resto de ciudadanos, el letrado ha explicado que en los últimos años la justicia europea y el Tribunal Constitucional se han visto «impregnados» por «la doctrina más liberal» del Tribunal Supremo de EE.UU.
«A la hora de decir si se ha producido un delito de odio se deben ponderar todos los factores en juego; la condición de la víctima y de quien emite la expresión, la intencionalidad, la intensidad de la ofensa o expresión… no lo tienen fácil los tribunales, ni tampoco lo tiene fácil un presidente de cámara», ha apuntado el también exdirigente de ERC.
Responder a la voz ultra: difícil, pero no imposible
Ridao ha defendido que, por muy difícil que sea encontrar el equilibrio legal, el Parlament ya dispone de mecanismos con los que responder a este tipo de discursos: o bien ‘in actum’, mediante la intercesión del presidente de la cámara, o bien dejando que los parlamentarios se pronuncien en caso de sentirse «perjudicados», una opción que Ridao considera «menos invasiva» y «más liberal».
«Creo que las dos fórmulas son plausibles y en estos momentos yo diría que no hemos llegado a una situación extrema y, por otro lado, también depende mucho del listón moral que tenga cada cual. Yo creo que en Cataluña hay cierta amplitud de miras como para tolerar determinadas cosas», ha opinado.
Sí ha admitido que el reglamento de la cámara «tal vez podría ser un poco más preciso» al respecto, pero ha insistido en que esta no es una cuestión «fácil» de abordar.
Ridao ha añadido que, si bien es especialmente complejo plantear una solución definitiva porque la libertad de expresión es un derecho fundamental, éste «no es absoluto y, por tanto, tiene algunos límites», como el de «no atacar a colectivos especialmente damnificados o minorizados», que es la «línea roja» fijada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
De hecho, la Mesa del Parlament está estudiando incluir multas en el reglamento de la cámara catalana para sancionar las «intervenciones que, objetivamente, puedan ser discursos de odio».
El decreto ley
Ridao ha abordado también las críticas al actual Govern por abusar del decreto ley, algo que la Comisión de Garantías Estatutarias ha corroborado en más de una ocasión.
En este sentido, se ha mostrado partidario de utilizar menos este recurso y «extremar al máximo la explicación de cuáles son los motivos de urgencia y necesidad que aconsejan» el uso del decreto ley.
«No deja de ser una excepción del principio de la separación de poderes y, por tanto, el Govern está haciendo una de las funciones características del Parlament», ha alertado Ridao, para quien la cámara catalana «ha dejado de ser el epicentro del sistema político» para pasar a estar en el gobierno.