San Salvador, 30 may (EFE).- El joven abogado Alejandro Henríquez -también defensor de derechos ambientales- y el líder comunitario José Ángel Pérez continuarán detenidos por seis meses en El Salvador luego que este viernes un juzgado de Paz decretara detención provisional.
Henríquez y Pérez, capturados tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para frenar un desalojo de cientos de campesinos, enfrentaron hoy la audiencia inicial del proceso penal por los delitos de desórdenes públicos y resistencia.
El abogado Jaime Ortega confirmó a la prensa, tras la finalización de la audiencia, que la jueza del caso decretó seis meses de detención provisional y el caso pasó a la siguiente etapa, la de instrucción.
La audiencia inicial se llevó a cabo el Juzgado Primero de Paz de la localidad de Santa Tecla -cercana a la capital San Salvador- y miembros de diferentes organizaciones civiles y de derechos humanos se hicieron presentes para expresar su apoyo a los activistas.
Ortega explicó que la defensa de ambos detenidos aportaron “múltiples” arraigos para “demostrar que no son personas que se vayan a sustraer del proceso”, pero esto no fue tomado en cuenta, lamentó.
También, señaló el abogado, se solicitó el pago de una fianza y “tampoco se tomó en cuenta”.
“Estamos frente a una desigualdad. Como abogado me siento impotente, como ciudadano me siento impotente, quisiera que las cosas fueran diferentes (…) los arraigos presentados hubieran sido suficiente para haberles otorgado (a Henríquez y Pérez) libertad con medidas sustitutivas”, añadió Ortega.
Diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras han rechazado la detención del joven defensor y del líder comunitario, y han solicitado que se respete el debido proceso.
Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un lujosa residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según las publicaciones de medios locales.
Diversas organizaciones denunciaron el día 13 la detención de Henríquez y de Pérez.
Según trascendió el pasado 16 de mayo en la prensa salvadoreña, un juzgado salvadoreño dejó sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se realizó.
En respuesta a la protesta, Bukele acusó a organizaciones de “manipular” a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución sino se cumple.
La ley fue aprobada recientemente por el Congreso.
