San Salvador, 9 jun (EFE).- El joven abogado Alejandro Henríquez, activista defensor de derechos ambientales, y el líder comunitario José Ángel Pérez fueron trasladados a un centro penal cercano a la capital San Salvador, según informó en X este lunes la plataforma Foro del Agua El Salvador.
El joven letrado y el líder comunitario son procesados por desórdenes públicos y resistencia, tras ser detenidos luego de participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para frenar un desalojo de cientos de campesinos.
Henríquez y Pérez guardaban detención en una bartolina (calabozo) de la Policía Nacional y, de acuerdo con el Foro del Agua, «probablemente fueron trasladados a Mariona», oficialmente llamado Centro Penitenciario La Esperanza.
«Responsabilizamos a Bukele y al Estado por cualquier daño a su integridad y sus vidas», publicó la plataforma que aglutina varias organizaciones civiles y defensoras del medio ambiente en el país.
En el penal de «Mariona» se ha registrado la mayoría de muertes de personas detenidas en el contexto del régimen de excepción contra las pandillas, según diversas organizaciones no gubernamentales entre ellas el Socorro Jurídico Humanitario.
Diversas organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras han rechazado la detención del joven defensor y del líder comunitario y han solicitado que se respete el debido proceso.
Un grupo de pobladores de una comunidad rural e integrantes de la Cooperativa El Bosque se concentraron la noche del 12 de mayo en las cercanías de un lujosa zona residencial en la que habita el presidente Bukele para pedir ayuda, pero agentes de la Policía intentaron detener a varias de estas personas sometiéndolas, según publicaron medios locales.
Organizaciones denunciaron el día 13 la detención de Henríquez y de Pérez.
Según trascendió el pasado 16 de mayo en la prensa salvadoreña, un juzgado salvadoreño dejó sin efecto el desalojo de las 300 familias, programado para el 22 de mayo, por lo que no se realizó.
En respuesta a la protesta, Bukele acusó a las organizaciones de «manipular» a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros -ya aprobada- que impone un impuesto del 30% sobre las donaciones que reciben y que además estipula multas y la disolución sino se cumple con el tributo.
