Madrid, 10 jun (EFE).- Más de 300 juezas y jueces especializados en violencia contra la mujer han firmado un comunicado en el que alertan del «colapso judicial en violencia de género» con la entrada en vigor en octubre de las nuevas competencias que obligan a estos juzgados a asumir también los casos de violencia sexual.
«El 3 de octubre de 2025 se convertirá en una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, la del desmantelamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral en materia de violencia de género», alertan los jueces.
La ley de eficiencia de la Justicia contempla que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean los encargados de tramitar, a partir del próximo mes de octubre, todos los casos de violencia sexual y no sólo los que ocurren en el ámbito de la pareja, como sucedía hasta ahora.
Entre esos delitos se encuentran, por ejemplo, los de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos, la mutilación genital femenina o los casos de acoso sexual.
Los jueces habían advertido del colapso al que se enfrentaban al asumir estos casos, mientras que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció un incremento de un 50 % el número de jueces de violencia sobre la mujer.
La pasada semana el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para la creación de 50 plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia sobre la mujer.
Según advierten los jueces en su comunicado, las plazas prometidas no son ni mucho menos ese 50 % que se anunció el ministro, y explican que son muchos los partidos judiciales donde no se crea ninguna, mientras que en otros se crea una plaza, a cambio de agrupar partidos judiciales, con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas.
Además, denuncian que las plazas que se crean llegarán tarde y el 3 de octubre no habrá ese 50 % de jueces más «con total y absoluta seguridad».
Por otra parte, señalan que la ampliación se impone sin dotación efectiva de recursos, ni aumento de la plantilla de funcionarios, ni de letrados de la Administración de Justicia, «con lo que el embudo será inevitable».
«Esta situación desmantela de facto la Ley Orgánica 1/2004, que durante 20 años ha sido referente mundial por su atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas: se está legalizando un modelo que rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real», denuncian los 316 jueces que firman el comunicado.
