Washington, 4 oct (EFE).- Un juez federal afirmó que el proceso penal que pesa sobre Kilmar Ábrego García podría constituir una represalia ilegal de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el salvadoreño, que busca impedir una segunda deportación.
El magistrado de distrito de Tennessee, Waverly Crenshaw, concedió este viernes a una solicitud de los abogados de Ábrego García, y permitió la celebración de una audiencia probratoria y la presentación de evidencias que podrían demostrar que el caso federal de tráfico de inmigrantes que pesa sobre él podría ser una represalia gubernamental.
«El Tribunal considera que Ábrego ha presentado pruebas suficientes de que el Gobierno tenía interés en tomar represalias contra él», escribió el juez en un fallo de 16 páginas, emitido tras revisar pruebas presentadas por la defensa que incluyen declaraciones de varios funcionarios de la Administración en contra del salvadoreño.
Crenshaw solo emitirá una conclusión definitiva después de examinar más evidencias y escuchar testimonios de testigos, que podrían involucrar a altos cargos del Gobierno de Trump.
Ábrego García, que huyó a EE.UU. hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en su país natal y fue deportado erróneamente en marzo pasado, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra las duras políticas antinmigratorias del mandatario republicano.
Tras una ardua batalla legal, la Administración Trump lo trajo de vuelta a territorio estadounidense, donde fue arrestado nuevamente e imputado por delitos de tráfico de inmigrantes en Tennesee, mientras permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.
El salvadoreño, que trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa estadounidense y sus tres hijos, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador, tras haber sido deportado por un «error administrativo», pese un juez de inmigración le había permitido quedarse en EE.UU. porque corría peligro si era deportado a su país natal.
Tras su regreso, el Gobierno Trump le ofreció un acuerdo de culpabilidad por los cargos de tráfico humano, a cambio de deportarlo a Costa Rica, un tercer país seguro, pero el salvadoreño se negó.
Ahora, las autoridades estadounidenses buscan deportarlo a Esuatini, un pequeño país al sur de África, después de que este rechazara su traslado a Uganda, el primer destino propuesto.
La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Ábrego García del país al considerarlo una persona «peligrosa» relacionado con pandillas que operan en Centroamérica, algo que el inmigrante niega.
Este jueves, un juez de inmigración se negó a reabrir el caso de asilo del salvadoreño reduciendo así sus posibilidades de evitar la deportación y obligándolo a buscar una apelación.
