Buenos Aires, 2 sep (EFE).- Alejandro Patricio Maraniello, el juez que prohibió este lunes por pedido del Gobierno argentino la difusión de audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, en medio del peor escándalo de corrupción del Ejecutivo, acumula nueve denuncias en su contra, incluyendo cinco por delitos de violencia machista.
El magistrado dictó este lunes una medida cautelar que prohibió la difusión de audios de Karina Milei grabados en la Casa de Gobierno, «a través de cualquier medio de comunicación, de forma escrita y/o audiovisual, y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web», una medida que fue considerada por numerosos expertos en derecho constitucional como un grave ataque a la libertad de expresión y como un caso de censura previa, prohibida en Argentina.
Esta medida tiene lugar en medio de un escándalo de corrupción desatado por la difusión de grabaciones de un funcionario en las que describía un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que tendría como una de sus beneficiarias a la hermana del presidente.
Si bien una serie de grabaciones de Karina Milei difundidos el pasado viernes no hacen mención a los presuntos sobornos, el periodista Mauro Federico aseguró contar con 50 minutos de grabación de la hermana del presidente, según indicó el Gobierno en una denuncia presentada el lunes en la que se solicitó el allanamiento al medio digital que difundió las grabaciones y a los domicilios privados de Federico y otro periodista.
Maraniello, que se desempeña en el Juzgado Civil y Comercial número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en la mira poco después de frenar la difusión de nuevos audios y tras conocerse además que, entre 2023 y 2025, acumuló nueve denuncias en su contra.
Las denuncias, según confirmó a EFE el Consejo de la Magistratura -órgano que supervisa el accionar del Poder Judicial-, fueron por delitos contra la integridad sexual, violencia de género, maltrato laboral, abuso de poder, comportamiento inapropiado y manejo inadecuado de recursos públicos, entre otros.
De las nueve denuncias radicadas en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas corresponden a delitos de violencia machista.
En uno de los expedientes, una empleada del Poder Judicial declaró haber sido hostigada por el juez a menos de una semana de comenzar a trabajar en su juzgado.
La mujer relató que accedió a una salida con el juez fuera del ámbito laboral por temor a perder su empleo, ocasión en la que -según su denuncia- fue víctima de tocamientos y besos no consentidos y, posteriormente, se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación.
Otra empleada de su juzgado declaró haber recibido de parte del magistrado comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas, mensajes por redes sociales y maltrato por no acceder a realizar actividades con él por fuera del ámbito laboral.
La víctima, quien afirmó estar medicada y con ideas suicidas, ratificó sus declaraciones ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, pero no quiso iniciar una acción penal.
Pese a ello, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
Según informaron medios locales, en septiembre de 2024 la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación ordenó la presencia de personal policial en el juzgado de Maraniello con el objetivo “resguardar” a los empleados.
El Consejo de la Magistratura informó a EFE que la Comisión de Disciplina se encuentra en plena evaluación de las pruebas sobre los hechos denunciados, como parte de un proceso que podría derivar en sanciones o un pedido de remoción del juez, en el caso de que alguno de los expedientes pasara a la Comisión de Acusación.
Maraniello ha sido notificado al respecto el pasado 19 de agosto, fecha a partir de la cual cuenta con un plazo de 20 días para presentar su defensa por escrito.
Otras de las denuncias en su contra refieren a «sentencias contrarias a derecho», dilaciones en causas y remociones arbitrarias, y muchas se encuentran interrelacionadas entre sí.
Florencia Pessarini
