Guayaquil (Ecuador), 17 may (EFE).- La jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador Daniella Camacho archivó la denuncia por presunto peculado (malversación) interpuesta en 2023 por la asambleísta correísta Mireya Pazmiño en contra del entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), por supuestas irregularidades en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), acusaciones que fueron la base del juicio político contra el exmandatario.
Camacho aceptó el viernes el pedido que hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hace unas semanas de archivar definitivamente el caso, al considerar que no existe “elemento alguno para deducir una imputación” contra Lasso y otras seis personas, algunos funcionarios de su gobierno.
Entre ellas están el cuñado del expresidente Danilo Carrera, sentenciado a diez años de cárcel por delincuencia organizada dentro del caso denominado como Encuentro, por haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.
También está Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco), vinculado a la misma causa, pero con el proceso judicial suspendido al estar detenido en Argentina.
La denuncia interpuesta por Pazmiño también buscaba que se procesara al expresidente y a las otras seis personas por delincuencia organizada, pero la jueza señaló que las pruebas presentadas por la asambleísta para este delito ya estaban siendo investigadas en otra causa, por lo que la pretensión también fue desechada.
Según la denunciante, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado entre Flopec y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
Sin embargo, la jueza Camacho señaló que en el expediente fiscal se detalla que las actuaciones de los denunciados “estarían dentro del marco de las funciones y atribuciones que la Constitución y que las leyes les facultan”, por lo que “no se advierten elementos de convicción que puedan establecer cómo es la forma en la que, por el desempeño de dichas funciones, se apropien, distraigan, dispongan u obtengan un beneficio a favor propio o de terceros, o que se genere un detrimento al Estado”.
Lasso sostuvo durante la investigación previa que los contratos firmados entre Flopec y Amazonas Tanker fueron suscritos bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que no se hizo ninguna adenda durante su periodo.
Además, que fue él mismo el que puso en conocimiento de la Fiscalía los contratos firmados en años anteriores por Flopec para que se investiguen.
Las acusaciones por presunto peculado fueron el insumo principal por el que la Asamblea Nacional (Parlamento) llevó a juicio político a Lasso en 2023 con el objetivo de destituirlo, tras la aprobación de la causal por parte de la Corte Constitucional.
Pero Lasso logró evadir su eventual destitución al invocar el recurso constitucional de “muerte cruzada”, con el que pudo disolver el Legislativo a cambio de acortar su mandato y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias, en las que ganó el actual presidente, Daniel Noboa.
Tras la publicación de la resolución, el expresidente colgó parte del discurso que dio el 16 de mayo de 2023, cuando se defendió en el pleno de la Asamblea por el juicio político, y en el que acusó a los legisladores de “intentar destruir la credibilidad de la democracia” y de “pretender inclinar la balanza de la justicia ante el inescrupuloso peso de unos cuantos votos”.
“Hoy se cumplen dos años de este discurso. Los que me acusaron sin pruebas buscaban poder, no justicia. El tiempo pone las cosas en su lugar”, aseguró este viernes el exmandatario.
“La justicia nos da la razón, es inocente. El juicio político fue una infamia”, dijo este sábado en X el abogado Pablo Encalada, quien defendió a Lasso en el caso Flopec.
Hasta la tarde de este sábado, ni la asambleísta Pazmiño ni desde la bancada correísta se habían pronunciado por la resolución de archivo de la jueza Camacho.
