Madrid, 22 sep (EFE).- La Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) ha trasladado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la precariedad en la que siguen trabajando a día de hoy miles de juezas y fiscales sustitutas y han destacado que lo que reclaman no es un privilegio, sino una solución justa.
Según ha informado este lunes en un comunicado la APJI, representantes de esta asociación se han reunido con el ministro Bolaños y con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar una de las disposiciones de la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial -en trámite parlamentario- que es la regularización de más de mil juezas y fiscales sustitutas.
El proceso de regularización extraordinaria se hará a través de un procedimiento que, según Justicia, garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad. Será un concurso-oposición con un número de 1004 plazas y quienes no superen esta prueba serán indemnizados.
Desde la asociación, han pedido a Justicia que este proceso se circunscriba únicamente a jueces y juezas sustitutos y magistrados suplentes, únicos que han ejercido funciones jurisdiccionales en situación de precariedad durante décadas.
En este sentido, explican que no se trata de un verdadero proceso de estabilización, sino de un nuevo modelo de acceso a la carrera judicial abierto también a operadores jurídicos que no han sufrido el abuso de temporalidad ni ejercido funciones jurisdiccionales.
Y también han planteado que la indemnización contemplada para quienes no superen la prueba resulta insuficiente y no cumple con los estándares europeos de protección frente al fraude en la contratación temporal.
«Lo que reclamamos no es un privilegio, sino una solución justa, proporcionada y ajustada al Derecho europeo, que reconozca los servicios prestados al Estado y ponga fin a una situación laboral insostenible», señalan.
Advierte, asimismo, que condicionar la consolidación a una única prueba eliminatoria no garantiza la protección del colectivo víctima de abuso, en contra de lo exigido por la directiva europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
